El jueves comienza la batalla legal en el máximo tribunal de las Naciones Unidas sobre si la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza puede ser considerada como genocidio. Sudáfrica ha presentado una petición ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), buscando que se ordene la suspensión inmediata de las acciones militares israelíes.
El Gobierno de Pretoria ha interpuesto un recurso urgente para obligar a Israel a detener de inmediato sus operaciones militares en Gaza. El presidente de Israel ha calificado estas acusaciones como «atroces» y «absurdas».
Los representantes legales de ambos países se enfrentarán en la sala principal del Palacio de la Paz en La Haya, la sede del tribunal. Este escenario está alejado del conflicto en la Franja de Gaza, desencadenado por un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.
Sudáfrica argumenta que Israel está incumpliendo sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 establecido tras el Holocausto. Como país signatario, Sudáfrica tiene la capacidad de llevar a Israel ante la CIJ, que resuelve disputas entre naciones.
La cuestión también aborda la identidad sudafricana: el partido político Congreso Nacional Africano ha venido comparando durante mucho tiempo las políticas de Israel en Gaza y Cisjordania con su propia experiencia bajo el régimen de apartheid de la minoría blanca, que limitó a la mayoría de la población negra a «tierras de nativos» hasta su fin en 1994.
Israel, por lo general, percibe a los tribunales internacionales y a la ONU como injustos y parciales. Sin embargo, enviará un equipo legal a la Corte Internacional de Justicia para defender la operación militar desencadenada después de los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás.
Tras la presentación del caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina emitió una declaración instando al tribunal a «tomar medidas inmediatas para proteger al pueblo palestino y exigir a Israel, la potencia ocupante, que detenga su ofensiva contra el pueblo palestino, con el objetivo de asegurar una resolución legal objetiva».
Durante los dos días de audiencias preliminares en la Corte Internacional de Justicia, los abogados sudafricanos comenzarán explicando a los jueces por qué su país ha acusado a Israel de «actos y omisiones» de «carácter genocida» en la guerra en la Franja de Gaza, solicitando el cese inmediato de las acciones militares israelíes.
La primera audiencia, llevada a cabo el jueves, se centra en la petición de Sudáfrica para que el tribunal imponga órdenes provisionales vinculantes, incluyendo la detención de la campaña militar israelí. La decisión se espera en semanas.
El presidente israelí, Isaac Herzog, ha rechazado enérgicamente estas acusaciones, las cuales será refutadas por Aharon Barak, expresidente de la Corte Suprema de Israel, en La Haya.
Herzog expresó: «No hay nada más atroz y absurdo que esta afirmación». Añadió que Israel presentará con orgullo su caso de legítima defensa ante la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Según él, el Ejército israelí está haciendo todo lo posible para evitar consecuencias no deseadas y víctimas civiles en circunstancias extremadamente complicadas.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a la demanda contra Israel a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmando su posición desde el inicio del conflicto en el Medio Oriente. Según el comunicado, las acciones del Gobierno de Israel constituyen actos de genocidio, según la postura mantenida por el presidente Petro desde el inicio de la fase sangrienta del conflicto en Palestina.
El Ministerio de Salud del territorio palestino informa que la ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 23,200 palestinos en Gaza. La cifra no distingue entre combatientes y civiles, y aproximadamente dos tercios de las víctimas son mujeres y niños, según los funcionarios de salud.
