Aunque no es un problema nuevo, sí se trata de una situación que empeoró y que aún no logran neutralizar las autoridades.
Desde inicios de 2021 en Bucaramanga y su área se advierte el robo sistemático de componentes del mobiliario público y de las redes de servicios, como pasamanos, lámparas de alumbrado, tapas, cubiertas y rejillas fabricadas en metal.
En múltiples puntos de la conurbación es evidente que los delincuentes actuaron sin ser detectados por las autoridades. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió en la Transversal El Bosque, en donde se robaron 14 postes de alumbrado público y 28 luminarias. Hasta la fecha no se conoce ninguna persona individualizada o acusada en este caso.
En los últimos seis meses los operativos de vigilancia y control se enfocaron en aquellos establecimientos que se dedican a la comercialización de chatarra y objetos elaborados con metales.
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Como resultado de las inspecciones efectuadas en chatarrerías de la capital santandereana, el Gobierno Local precisó que hasta la fecha se han impuesto cierres preventivos contra ocho negocios de este tipo, en donde se encontró mobiliario público como cestos de basura y tapas de alcantarilla, marcadas con símbolos del Municipio y de las empresas de servicios.
Melissa Franco, secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, informó que “conforme con las múltiples denuncias por hurto de mobiliario urbano, con apoyo de la Policía hemos visitado más de 32 chatarrerías y hemos cerrado ocho establecimientos. Incluso, recibimos una denuncia de uno de estos negocios, sobre un habitante de calle que trataba de vender una tapa de alcantarilla”.
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En la edición del pasado 5 de mayo Vanguardia publicó un informe sobre este creciente problema en el área metropolitana. Por hablar solamente de las tapas para sumideros, en 2021 se registró un aumento del 51%.
Según Empas, en 2020 se registró el hurto de 101 tapas, mientras el año pasado este indicador aumentó hasta los 153 objetos hurtados.
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En estos momentos las ocho chatarrerías sancionadas enfrentan procesos policivos, en los cuales se determinarán detalles como el grado de responsabilidad, si existe posible reincidencia, entre otros datos clave para la imposición de las sanciones de fondo.
