Otra vez el impago a empleados de obras contratadas por el Estado pone en entre dicho el futuro de las mismas. A las denuncias que en diferentes momentos hicieron trabajadores de la Variante de San Gil, se suman las que ahora llegan de personas que trabajan en la construcción del nuevo Hospital Regional de San Gil.
Allí, según explicó el concejal Fabián Aguillón, hay un grupo de profesionales y operarios que van a completar tres meses sin pagos completos, recibiendo abonos de los salarios que les adeudan.
La información recogida en reuniones como parte de la veeduría que se realiza a la obra podría generar una parálisis en los trabajos, puesto que los afectados dieron como plazo máximo para que les paguen, el próximo 30 de abril.
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Aguillón explicó que a estos trabajadores los dineros se los adeudan empresas subcontratistas y sienten temor de hacer las denuncias públicas a nombre propio.
Una fuente de la contratista que habló con este medio y pidió reserva de su identidad, aclaró que la deuda corresponde a menos de 10 personas del área administrativas y que los operadores técnicos no tienen este tipo de inconvenientes.
Las quejas ya fueron remitidas a la Personería de San Gil, desde donde Luis Medina Zambrano dijo que las mismas serán llevadas a la reunión programada con la Contraloría General de la Nación, en donde se tratarán diferentes temas relacionados con los proyectos que se adelantan en el municipio y la región.
Así mismo, el representante público dijo que se le pedirá a la interventoría de la obra un informe sobre la situación, que ya en 2021 se había presentado.
Los retrasos
En la denuncia el concejal recordó los múltiples retrasos y aplazamientos que ha tenido el proyecto. Justamente, en una visita adelantada en marzo de este año por una delegación de la Secretaría de Infraestructura de Santander, se advirtió sobre la necesidad de agilizar los trabajos porque aún faltaba más del 40% por terminar y el plazo de entrega establecido era mayo próximo.
En ese momento se dejó sobre la mesa que era improbable que la primera fase del proyecto se culminara en el tiempo establecido, por lo que se definiría cuál sería el tiempo del nuevo aplazamiento, dato que aún no se ha dado a conocer por parte de la Gobernación de Santander.
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El nuevo aplazamiento sería el segundo desde la reactivación de la obra en 2020. La construcción de dos pisos divididos en cuatro bloques, se entregada en obra negra en noviembre del año pasado y ante las dificultades se extendió seis meses (mayo).
La urgencia por conocer la nueva fecha de terminación de la primera fase es urgente, porque solo en ese momento la Gobernación de Santander podrá adelantar la contratación de las siguientes dos fases que implican los acabados del edificio y las obras civiles.
La extensión además obligaría al ente departamental a adicionar recursos para la interventoría, por lo que los costos de todo el proyecto que ya ronda por los $49.000 millones, seguiría aumentando.
Se espera que en la visita de los delgados de la Contraloría se aclaren estos temas, así como las diferencias de pagos que mantienen la Gobernación de Santander y la empresa contratista, que superaría los $1.000 millones.
