La Procuraduría General de la Nación realizó una mesa de trabajo interinstitucional para concertar medidas ante el riesgo que existe en Santander por la calidad del agua, debido a los altos índices de mercurio, producto de la minería ilegal en California.
A este encuentro fueron invitadas al menos 20 entidades de orden nacional, departamental y local, de manera que se pudiera consolidar un plan de acción, que permita a las distintas autoridades atender la actividad minera ilegal que se adelanta en la provincia de Soto Norte, así como los impactos socioambientales que causa, en especial, la contaminación con mercurio de las fuentes hídricas.
Gustavo Guerrero, delegado Ambiental de la Procuraduría, confirmó que en esta primera mesa de trabajo estuvieron la Contraloría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía, asimismo, los ministerios de Ambiente y de Minas, Policía, Ejército, Instituto Colombiano Agropecuario, Agencia Nacional Minera, Superintendencia de Servicios Públicos, Gobernación de Santander, y las alcaldías y personerías de Bucaramanga, California, Vetas, Matanza y Suratá.
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“Fue un ejercicio en el que se trató de construir un plan de acción para tratar de abordar la problemática de la minería ilegal, sobre todo en California que viene contaminando con mercurio el río Suratá y las fuentes hídricas que alimentan el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, de manera preocupante, muy por encima del nivel permitido”, aseveró.
Los compromisos
De acuerdo con Guerrero, con los participantes se acordó realizar “unas mesas temáticas para volvernos a reunir el 26 de agosto, donde vamos a establecer objetivos, indicadores, meta y cronograma detallado del plan de acción”.
No obstante, dentro de los compromisos institucionales establecidos está la creación de un programa de desarrollo socioeconómico y de formalización minera para Vetas y California, que debe ser atendido por las autoridades mineras pertinentes.
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Por otro lado, se planteó confirmar una mesa de atención a denuncias penales y ambientales para darle celeridad a esos casos.
También se estableció la creación de un programa de monitoreo permanente del río Suratá, sugerido insistentemente por la Procuraduría y la Defensoría.
Adicionalmente quedó definido instituir una mesa para el seguimiento al cumplimiento de la sentencia de delimitación del Páramo de Santurbán.
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Frente a este punto en específico, el delegado de la Procuraduría, aseguró que “hemos avanzado en el proceso de delimitación en Vetas, pero tenemos pendiente el proceso de delimitación en el resto de municipios y la idea es que los alcaldes presten sus concursos para adelantar ese proceso con la participación social como lo establece la Corte Constitucional”.
En el listado, cabe resaltar, se encuentra la construcción de un protocolo de alerta sobre altos niveles de mercurio y su plan de contingencia, pese a que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ya cuenta con su propio sistema de monitoreo y suspensión de la captación cuando los niveles de mercurio aumentan.
Otro de los planteamientos fue el fortalecimiento de los controles a la minería ilegal, reforzando la capacidad operativa de la fuerza pública en Vetas y California.
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Se apostó también a la creación de una política sobre el monitoreo del contenido de mercurio en la producción agropecuaria, ya que “es probable que hayan algunos insumos en las actividades agropecuarias que tengan contenidos de mercurio importantes, obviamente no tan significativos como en el caso de la minería ilegal, pero esta también una tarea que quedó identificada dentro de la mesa”, subrayó Guerrero.
Actualmente, la Procuraduría General de la Nación adelanta investigación contra la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero, luego de que un informe preventivo de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales advirtiera presuntas omisiones al permitir prácticas mineras contrarias a la ley, las cuales han derivado en la contaminación de corrientes de agua con las que se alimenta el acueducto que abastece a Bucaramanga y su área metropolitana.
Petición Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo le solicitó a las autoridades, especialmente a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, tomar acciones preventivas y correctivas para reducir los altos niveles de mercurio en el río Suratá, con el fin de proteger el derecho a la salud de los habitantes de Bucaramanga y 12 municipios de Santander, que se abastecen de agua potable proveniente de esta fuente hídrica.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que “nos preocupan las consecuencias en la salud y el bienestar de los habitantes de estos 13 municipios, por eso de tiempo atrás hemos alertado sobre esta situación y ahora solicitamos a la autoridad ambiental y a las alcaldías que se tomen las acciones preventivas y correctivas para reducir el impacto sobre esta fuente hídrica”.
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Se sugirió, además, adelantar visitas, censos y estudios específicos de calidad del agua y sedimentos del río que puedan dar cuenta de las condiciones de exposición bajo las cuales se encuentren las poblaciones de la región.
