Jonás Ariza no aceptó las disculpas que le pidió el Estado colombiano por haber matado a su padre en 2006. Aferrado a la imagen de su ser querido, y con los ojos hinchados, se dejó desgarrar por el dolor, y le gritó “hijueputas” a los uniformados del Ejército que cometieron el crimen.
“A mi papá me lo mataron el 16 de mayo de 2006 esos perros hijueputas del Ejército. Esos gonorreas, que no tenían que matar a mi papá. Yo tenía 14 años y mire, ya son 16 años que no tengo a mi papá y esos desgraciados siguen relajados por matar a una persona que no tenían que matarla”, decía entre lágrimas y suspiros Jonás.
El joven de 30 años fue una de las víctimas que acudió este 3 de octubre a un acto público de perdón, que adelantó el Ministerio de Defensa en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Allí, el Estado reconoció la responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales que cometieron miembros de la fuerza pública contra 19 jóvenes en Soacha y Bogotá.
“Mi papá era una humilde persona y no tenían que hacerle nada. Ni matarlos, ni matarlo a él. Mi viejo es lo más importante que yo tenía en mi vida. Esos perros hijueputas del Ejército no tienen perdón, es la verdad. Sí, son asesinos, esos perros hijueputas y esto es una farsa, el gobierno también es una farsa. Así que yo no perdono, que los perdone su madre”, señaló Jonás.
Jonás se llama como su papá –Jonas Ariza– y cerró su intervención ante los representantes del Estado así: “Gracias, perros hijueputas por matarme mi felicidad”.
Jonás Ariza (padre) nació el 15 de octubre de 1972 en una familia campesina de Landázuri (Santander). Estudió hasta quinto de primaria y cuando tenía 17 años se convirtió en un aprendiz de mecánica automotriz.
Sus familiares los recuerdan como un hombre inteligente al que le gustaban los caballos y el vallenato. Se dedicó a varios oficios y tenía un emprendimiento de recuperación de plástico.
En la madrugada del 16 de mayo de 2006, el cuerpo de Jonás fue encontrado en el municipio de Bolívar, Santander. El Batallón de Infantería No. 41 Rafael Reyes Prieto de Cimitarra lo había presentado como la baja de un ilegal muerto en combate.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló en noviembre de 2018 que se trató de un crimen de Estado en el que la víctima se encontraba indefensa. El Ministerio de Defensa y el Ejército fueron condenados.
