En 2024, fueron fallados 62.665 fallos que involucran al Estado colombiano, de los cuales 34.598 fueron decisiones a su favor, con lo cual se evitó un pago por 71 billones de pesos.
Ese es el balance hecho por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que tiene a su cargo representar a la Nación en todos los procesos de los que es parte.
De acuerdo con la entidad, el Estado enfrenta actualmente un total de 336.466 procesos judiciales activos en su contra, con pretensiones aproximadas de cerca de 657 billones de pesos.
Entre estos casos, los motivos más frecuentes de demanda contra el Estado son el incumplimiento de sentencias judiciales, el no reconocimiento de pensiones de vejez, su indebida liquidación y el desconocimiento del traslado de régimen de pensión, entre otros.
Los procesos con las pretensiones económicas más altas generalmente están ligados al desplazamiento forzado, los daños derivados de un acto administrativo licito, la captación ilegal de dinero y los daños al medio ambiente, entre otros.
En 2024, fueron fallados 62.665 fallos que involucran al Estado colombiano, de los cuales 34.598 fueron decisiones a su favor, con lo cual se evitó un pago por 71 billones de pesos.
Demandas internacionales de Colombia
A nivel internacional, de las 15 decisiones o laudos fallados en relación con Colombia en el 2024, 10 fueron favorables al Estado.
En los restantes casos, hubo cuatro decisiones parcialmente adversas, en las que se llegó a reducir hasta el 98 % de las pretensiones de los demandantes, y solo en uno hubo una decisión completamente desfavorable para el país, que es el caso de Telefónica, cuya anulación pidió Colombia.
Actualmente se encuentran activas nueve reclamaciones presentadas por inversionistas extranjeros en contra de Colombia. No se espera que ninguno de estos casos se resuelva en el 2025.
A nivel nacional, se espera que en 2025 se definan los procesos penales de los casos de Centros Poblados y la Ungrd, que deberían incluir el pago de una indemnización a favor del Estado colombiano.
Se espera que en 2025 se definan los procesos penales de los casos de Centros Poblados y la Ungrd.
