“Cuando en la fosa vi a mi hijo, fue un impacto muy duro, un frío en el cuerpo, me desmayé. Yo lo esperaba vivo. Aunque lo había visto muerto en la fotografía, aún no lo creía”, … “Yo antes era una mujer feliz. Ahora no tengo ninguna motivación, ni sueño. Yo quisiera ser feliz, pero no se puede borrar nunca de la vida este dolor. Todo para mí cambió. Yo no quisiera ni peinarme, ni hacer nada, perdí la motivación de todo. Yo vivo ahora como asustada”.
Esas son solo dos de las desgarradoras declaraciones que han hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las familias de las 120 víctimas de Falsos Positivos, por los cuales esta semana la justicia transicional imputó a diez soldados para que reconozcan sus delitos de lesa humanidad.
Son 120 familias las afectadas por la guerra y una política de criminalidad que surgió en el Ejército, que piden y reclaman justicia ante los escalofriantes vejámenes por los que fueron sometidos sus seres queridos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, determinó y calificó jurídicamente estos actos, respecto a estas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el marco del subcaso Norte de Santander, del Caso macro No. 03.
Se estableció que, miembros de la Brigada Móvil 15 y del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, entre el 21 de enero de 2007 y el 30 de agosto de 2008, presentaron ilegítimamente como bajas en combate a personas asesinadas en estado de indefensión en los municipios de Ábrego, Bucarasica, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, de Norte de Santander; y Río de Oro y González, del Cesar.
Estas víctimas corresponden, según la JEP, en el caso del Batallón de Infantería No.15, al 59 % de las bajas reportadas para los años 2007 y 2008 y, en el caso del BISAN, al 51 % de sus bajas reportadas en el mismo periodo de tiempo.
Se han acreditado 77 víctimas, 48 mujeres. 76 son familiares y una víctima sobreviviente. De ellas, 14 son madres de los muchachos asesinados, 6 padres, 6 compañeras o esposas, 14 son hijas, 6 hijos, 14 hermanas y 16 hermanos.
Además del dolor intenso, las madres, padres, compañeras, esposas, hijos y hermanos sufrieron afectaciones en su cuerpo, moral, en su salud mental, emocional y física, rupturas de sus relaciones familiares, incertidumbre y angustia, estigmatización y revictimización, amenazas y hostigamientos, entre otros.
A continuación, presentamos algunos de estos terribles casos, mismos que la JEP reconoce en el auto de acusación, en donde declara a las víctimas, como hombres entre 14 y 35 años de edad. La mayoría (76 de los 120), fueron asesinados por la Brigada Móvil.
Esto quiere decir que, en promedio, el Ejército mató a más de un joven a la semana durante ese periodo de tiempo.
ASÍ MATABAN
Una de las formas utilizadas por los militares para ocultar la identidad de las personas asesinadas era reportarlos como NN (Nombre desconocido), y retirarles sus documentos para que fuera más difícil dar con su paradero. Lo anterior generó que el proceso para los familiares fuera más largo y, a su vez, mortificante. Como dicen las madres, a sus hijos “les robaron su rostro, su nombre y su identidad”.
Los comandantes de la BRIM15 y del BISAN, teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos y el coronel Santiago Herrera Fajardo, transformaron la sección de inteligencia de sus respectivas unidades militares, con el fin de obtener información para identificar a las víctimas.
Esto se tradujo, en la designación de militares de confianza sin experiencia ni conocimiento en estas secciones, el incumplimiento del ciclo básico de inteligencia y la selección de víctimas por parte de los agentes encubiertos y las tropas que hacían “inteligencia de combate”.
El montaje de estas operaciones requirió del acuerdo entre miembros del Estado y Plana Mayor de las unidades con los miembros de la tropa, para definir cómo se simularían el combate y conseguirían las armas y demás elementos que serían implantados a las víctimas asesinadas.
Los miembros de las unidades militares investigadas retenían a las víctimas previamente seleccionadas y las ubicaban en el lugar destinado para su asesinato; simulaban el combate y las asesinaban y, al final, las vestían con prendas de uso común de combatientes.
En el encubrimiento, los miembros de las unidades militares realizaron acciones dirigidas a darle apariencia de legalidad a los asesinatos, de los habitantes del Catatumbo para ser presentados como bajas en combate dentro de los procesos operacionales internos.
Con información de esta índole, la persona señalada se convertía en un objetivo de la tropa, era ubicado y asesinado para ser presentado como “baja en combate”.
En el relato del agente de inteligencia de CIOCA, Rafael Urbano, él, al iniciar la labor de inteligencia en Ocaña, ordenada por el comandante de la BRIM15, relata que con la ayuda de ciudadanos que se convirtieron en informantes, inició una serie de ejecuciones extrajudiciales.
En febrero de 2007, el señor Ariel Jaime Arias, fue asesinado sin razón alguna. En este evento, de acuerdo con lo afirmado por Rafael Urbano, él investigó por aproximadamente seis meses a la víctima para entrar en confianza con ella.
Urbano señaló que habló con el señor Ariel en bares, se reunió con él unas cuatro veces para tomar cerveza y, posteriormente, le ofreció un negocio para mover un dinero que las autodefensas tenían en una caleta.
Cuando la víctima aceptó participar en el supuesto negocio, Urbano se comunicó con Daladier Rivera Jácome, que en esa época dirigía el grupo especial Espada de la Brigada, para organizar la operación.
Con engaños, la víctima fue trasportada a la salida de Ocaña, donde se lo llevaron en una camioneta y, más adelante, fue asesinado y presentado de manera ilegítima como una baja en combate.
Otro de los casos en los que el agente de inteligencia Urbano seleccionó la víctima y la entregó a la unidad fundamental para que fuera asesinada y presentada como baja, es el de Luis Carlos Angarita, ocurrido el 16 de julio de 2007 en el corregimiento de San Pablo, del municipio de Teorama.
Ese día, hombres de la compañía Águila 1, perteneciente a la BRIM15, asesinaron al señor Angarita, gracias a la información aportada por Urbano, quien señaló a la víctima como un colaborador de las FARC.
Sin embargo, de conformidad con la prueba testimonial recabada en la jurisdicción ordinaria, los familiares del señor Angarita y los habitantes de la zona coinciden en que Luis Carlos, que fue asesinado cuando tenía 25 años, era conocido desde niño en el municipio, era un campesino humilde y trabajador que vivía en su finca, de buenas costumbres y comportamiento ejemplar, dedicado a su familia, a sus hermanos y a colaborar con la Junta Comunal.
Luis Carlos Angarita jamás perteneció a un grupo guerrillero, todos los antecedentes fueron negativos, pues era una persona que no tenía ni órdenes de captura, ni medidas de aseguramiento, ni investigaciones, ni denuncias.
Adinael Arias Cárdenas, fue asesinado el 14 de octubre de 2007, en la vereda El Tarrito del municipio El Tarra. Hombres de la Compañía Corea del BCG98 de la BRIM15, al mando de Weiman Navarro, lo mataron y lo hicieron pasar como una baja en combate.
La víctima fue retenida, cuando regresaba a su casa del mercado, por parte de un grupo de militares bajo el mando del Capitán Navarro y guiados por el sargento segundo Urbano.
Weiman Navarro señaló que: “Me marcó un poquito esa muerte, mucho… me marca porque cuando yo miro al otro día el costal que él llevaba, ah, era el mercado y unas moñitas, para las niñas, de juguetes”.
El señor Adinael Arias Cárdenas era un hombre trabajador, campesino y conocido en la comunidad del Tarra, residía en la vereda la Fortuna con su familia y tenía dos hijos pequeños.
El 8 de mayo de 2007, el Grupo Especial Esparta asesinó al señor Álvaro Chogó, habitante de El Carmen.
Según Liborio Ávila, miembro de este Grupo Especial, para la selección de esta víctima recibieron información del teniente Ospina Plata, agente de inteligencia de la CIOCA en el municipio, quien usaba el seudónimo de “Camilo”.
De acuerdo con lo señalado por Néstor Gutiérrez, miembro de ese Grupo Especial, el señor Noel Garay, alias ‘El Diablo’, le dio la información a ‘Camilo’ sobre la víctima: “El sujeto que fallece, que asesinamos sí estaba identificado como miembro de las FARC y había una información, sino que, pues bueno, se llegaron y las cosas no se dieron, no se encontró no se encontraron pruebas para poderlo culpar”.
Álvaro Chogó Angarita, asesinado cuando tenía 31 años, se dedicaba a labores del campo y nunca portó armas, se demostró que su muerte se trató de un montaje.
En el BISAN los oficiales del S2 que actuaban de manera encubierta también adelantaron operaciones criminales de selección y asesinato de habitantes del Catatumbo. Uno de estos casos, es el asesinato de Adiel Ascanio Sepúlveda, Joel Enrique Uparela Arrieta y Wilmer Alonso Leal Durán, el 31 de julio de 2007, en el municipio de Ábrego.
De acuerdo con la versión voluntaria de Sandro Pérez, miembros del S2, a su cargo llevaron a cabo una operación ilegal, vestidos de civil, con armas y usando autos sin identificación oficial para acabar con la vida de las tres víctimas, las cuales, según ellos, eran extorsionistas miembros de grupos paramilitares.
Pérez señaló que el cabo tercero Rivas tuvo conocimiento de que en la entrada del municipio de Ábrego se realizaban extorsiones a carros transportadores de gasolina.
“Según confesó Pérez, a las dos personas muertas se les plantaron dos armas para figurar la existencia de un combate legítimo, lo que concuerda con lo dicho por el cabo segundo Rivas ante la Fiscalía 72584 sobre el caso”, se lee en el informe de la JEP.
Otro asesinato que resalta en este informe, es el del señor Jesús Hermides Quintana, muerto el 29 diciembre de 2007.
La selección de esta víctima, de acuerdo con lo confesado por los militares, se sustentó en su apariencia y lugar de origen, en concreto, porque tenía una placa del ‘Ché Guevara’ y provenía del Cauca.
“Había un señor, un señor, aspecto indígena. Estaba sin camiseta. Salió de una casa un chongo donde hay cultivos de coca. El capitán Navarro lo detiene que a preguntarle cómo era la región, cómo era eso por ahí. Cuando yo llego donde el capitán Navarro me dice analícelo y mírelo. Yo me quedo mirándolo y él tenía una placa del Ché Guevara. Yo le dije, mi capitán, pues ese man tiene una placa del Ché Guevara, será guerrillero le dije yo, me muestra la cédula, era de Corinto-Cauca o de la bota caucana. Cuando él me muestra esto yo le digo bueno que hace una persona de Corinto Cauca en el Norte de Santander, usted es guerrillero, usted es de las FARC y donde nosotros estábamos, al frente en una parte alta acampaba las FARC y ahí hostigaban la tropa… todo concordaba y yo dije bueno este es y como había un afán de dar la baja y Navarro nos dice: “Bueno Gutiérrez ¿va a dar esa baja?” Y yo hágale, mi capitán, yo la doy”.
En la modalidad de trasladar a las víctimas hasta el Catatumbo, había un grupo de terceros civiles que se encargaron de elegir, engañar, trasladar y entregar a las víctimas al BISAN y posteriormente a la BRIM15.
Estas personas, a finales del año 2007, se encontraban viviendo en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde algunos de ellos estaban involucrados en actividades de delincuencia común.
Las labores realizadas por el grupo de reclutadores eran principalmente tres. Primero, elegir las víctimas y engañarlas para viajar al Catatumbo. Segundo, asegurar y acompañar el traslado de los jóvenes por vía terrestre hasta Ocaña. Y tercero, retener a las víctimas y entregarlas a los uniformados en la fecha, hora y lugar determinado por la respectiva unidad militar.
Sin embargo, en algunas oportunidades estos terceros civiles cumplieron labores adicionales como la de conseguir armas en el mercado negro, para poder legalizar los cuerpos de las víctimas, e incluso la de participar en la comisión de la muerte.
Como contraprestación por las labores realizadas, los terceros civiles reclutadores recibieron sumas de dinero e incluso viáticos. Mientras el pago de viáticos cubría todos los gastos en los que se incurrió durante el traslado y retención de las víctimas (tiquetes de bus o de taxi y alimentación), el pago por entregar los jóvenes a los miembros de la fuerza pública alcanzaba el millón de pesos.
Es decir, cada cuerpo entregado para ser contado como baja en combate tenía un precio de entre cien mil hasta un millón de pesos.
El 9 de febrero de 2008 las víctimas fueron los jóvenes Jaime Estiven Valencia Sarabia, Daniel Alexander Martínez y Diego Armando Marín.
De acuerdo con la versión voluntaria rendida por el señor Sandro Mauricio Pérez Contreras, el sargento Muñoz estaba encargado de la coordinación logística para la entrega de las víctimas a la unidad militar ejecutora.
En este marco, primero le solicitó el préstamo de dos motocicletas del BISAN para transportar a los jóvenes y luego le pidió que lo acompañara en su vehículo personal (el del señor Pérez), a dejar las víctimas en el retén que las esperaba.
De acuerdo con su propia confesión, la misión del señor Sandro Mauricio era hacer “cambio de luces” desde ese vehículo al llegar al retén, para que las tropas supieran que debían detener las motos que venían detrás con los jóvenes provenientes del Soacha.
De acuerdo con la versión voluntaria del compareciente Norberto Conrado Eslava, así ocurrió también la entrega del joven Camilo Andrés Valencia a la unidad militar que lo ejecutó extrajudicialmente el 7 de diciembre de 2007.
De otro lado, la Sala de Reconocimiento encuentra que mientras una parte de los miembros de la fuerza pública desarrollaban labores de la logística de entrega de las víctimas, la unidad militar ejecutora tenía un proceso de preparación y acantonamiento en las horas previas a realizar la falsa operación.
Una a una, en el auto, se cuentan las ejecuciones por las que la JEP imputó a los soldados, todas tienen en común que las víctimas fueron engañadas por los miembros del Ejército, para luego ser presentadas como bajas en combate. Los 120 nombres aparecen al final del informe, en la que se detalla cual de los militares sería el responsable.
La JEP determinó que al termino de 30 días hábiles, tras esperar si los comparecientes se declaran culpables o no por estos hechos, se decidirá si fija una fecha para una Audiencia pública de Reconocimiento.
Las víctimas y el país esperan justicia.
