En momentos en los que su más íntimo círculo familiar está bajo escrutinio y lupa constante –por cuenta de los escándalos que salpican a su hijo, Nicolás Petro, y a su hermano, Juan Fernando Petro–, al presidente Gustavo Petro le apareció un fantasma del pasado que, en medio de esas cercanías, promete seguir generándole dolores de cabeza: su concuñado Carlos Gutiérrez Robayo.
No es un allegado cualquiera: además de haber financiado directa e indirectamente algunas de las campañas del hoy Presidente, el nombre de Gutiérrez Robayo –esposo de María Teresa Alcocer García, hermana de la influyente Primera Dama, Verónica Alcocer–, aparece en varias polémicas y controversias de la última década.
Hoy nuevamente Gutiérrez está bajo los reflectores por negocios que habría pactado con Álex Saab y el régimen de Nicolás Maduro, así como por un controvertido proyecto en el municipio de Sesquilé, en Cundinamarca, donde su familia estaría levantando un ambicioso complejo de apartamentos que es visto con recelo por alertas ambientales y jurídicas.
Pero estas no son sus únicas controversias. Este empresario, oriundo de Zipaquirá (Cundinamarca), aparece en negocios con protagonistas del carrusel de la contratación de Bogotá; relaciones comerciales con el presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma”; menciones en los Panamá Papers; nexos con la finca del exembajador Fernando Sanclemente donde fueron hallados laboratorios de coca, y hasta vínculos con la empresa detrás de las vacas cargadas con coca que cayeron en España.
Semejantes tentáculos y relaciones explican por qué desde hace años Petro ha querido desmarcarse, advirtiendo que no tienen ningún parentesco.
“Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar. ‘Concuñado’ no es ningún tipo de parentesco registrado en la ley (…) Esa figura no representa parentesco ni por afinidad ni por consanguinidad ni civil”, explicó Petro en 2020.
Nuevos vínculos con Saab
Los nexos Carlos Gutiérrez Robayo con el gobierno venezolano y el barranquillero Álex Saab –sindicado de ser testaferro de Maduro– se remontan a 2015. En ese entonces, se frustró un millonario contrato por 4.500 millones de dólares entre la estatal PDVSA y una compañía petrolera de origen colombiano llamada Trenaco, que presidía precisamente Gutiérrez. Detrás del negocio estaba el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas (socio de Saab y prófugo de la justicia) quien también es señalado de lavar dinero con programas sociales de Venezuela.
Aunque se pensó que hasta ahí llegó la relación del concuñado de Petro con Maduro y Saab, el portal venezolano Armandoinfo reveló otros negocios con los que Gutiérrez y compañía buscaron enriquecerse apalancados en recursos públicos de Venezuela. En efecto, según la investigación, desde 2018 Gutiérrez Robayo habría participado a través de varias sociedades en el manejo de oro, el carbón o la madera, negocios que el presidente venezolano le habría cedido a Álex Saab.
“Gutiérrez participó en esa compleja estructura societaria tejida en diversas jurisdicciones representando los intereses de Saab y Pulido, pero también intentando quedarse con algunas de esas materias primas a precios favorables a través de sus empresas”, indicó el portal.
Detrás de todo estaban los tentáculos de Saab que, mediante empresas registradas en Turquía, se hizo al control de las estatales Maderas del Orinoco, Carbones del Zulia y la Compañía General de Minería. Con la primera, a través de una empresa llamada C.I Global Multi Commodities (Glomco), Gutiérrez intentó hacer negocios: “Ofertó 146 dólares por metro cúbico de madera de pino de Uverito, un precio por debajo de la cotización internacional”.
Inclusive, usando el supuesto seudónimo de Alberto Fernández, habría intentado concretar negocios con minería venezolana.
Por si fuera poco, también se conoció que Beatriz del Socorro Gutiérrez Robayo, hermana de Carlos Gutiérrez Robayo, figura como socia de una firma que está levantando un cuestionado proyecto de apartamentos en Sesquilé. Las dudas recaen en la forma cómo se tramitó y consiguió la licencia de urbanismo, pese a que el terreno cuenta con cuerpos de agua. Es decir, es de interés ambiental.
Un reportaje de la Revista Cambio alertó que el complejo de apartamentos duplicaría el número de habitantes del casco urbano –pasando de 3.000 a 5.000 personas–, lo que acentuaría las dificultades de la gente para abastecerse de agua.
Esa controversia ambiental no es ajena a Carlos Gutiérrez, pues en 2014 –cuando Petro era alcalde de Bogotá– estuvo detrás de otro cuestionado proyecto de apartamentos que se desarrolló en terrenos que abarcaban el humedal La Conejera. Se comprobó que los socios de la constructora eran, además de Gutiérrez, Juan Carlos Alcocer –cuñado de Petro–, su esposa, Paula Castellanos Espitia, y María Teresa Alcocer, justamente la esposa de Gutiérrez Robayo.
En ese entonces, ante el pleito ambiental, a Petro le tocó declararse impedido y, de hecho, le ordenó a sus funcionarios “no tener ninguna relación con Carlos Gutiérrez o familiares”.
Curiosamente, es una instrucción casi idéntica a la que Petro le dio, pasados casi 9 años y ahora como Presidente, a los miembros de su gabinete para evitar relaciones con su hijo Nicolás Petro y su hermano, Juan Fernando Petro. La historia se repite y los fantasmas persisten para el mandatario.
