En el municipio de Quinchía (Risaralda), el presidente Gustavo Petro informó que cinco integrantes de la Primera Línea que fueron capturados por su participación en el paro nacional del 2021 habían sido liberados en Popayán para desempeñarse como voceros de paz.
“Hoy creo que quedaron libres otros cinco integrantes de lo que en la prensa llaman Primera Línea”, anunció el mandatario.
En diciembre pasado, el gobierno liberó a las primeras siete personas condenadas por delitos cometidos durante la protesta social. Vale recordar que los voceros de paz no recibirán ninguna bonificación económica del gobierno, salvo sus afiliaciones a la seguridad social, y deberán cumplir acciones de paz y reconciliación en sus territorios de la mano de diversas entidades estatales, al tiempo, deberán seguir respondiendo a la justicia.
De igual forma, el presidente invitó a las asociaciones de víctimas de Estado durante el estallido social del 2021 a establecer un diálogo con el Gobierno Nacional, con el fin de avanzar en los mecanismos de reparación.
“Hay que establecer una comunicación entre una asociación de víctimas y el Gobierno para fijar las condiciones de esa reparación de víctimas que produjo el Estado; es necesario que podamos sanar esa herida”, dijo el Mandatario.
El Jefe de Estado hizo referencia al tema al dialogar públicamente con Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, quien fue asesinado en mayo del 2021 en Pereira durante las jornadas del paro nacional.
En medio de su intervención, el presidente Petro le concedió la palabra a la hermana de Villa, quien exigió justicia.
“Vengo como víctima a reclamar por justicia, porque ya son dos años del homicidio de mi hermano Lucas Villa; no hay justicia, y justamente yo quisiera recordarles que hoy 17 de marzo mi hermano Lucas Villa estaría cumpliendo 39 años. No solamente somos víctimas del paro, los líderes y lideresas sociales aún tenemos temor”, manifestó Sidssy Uribe.
Al respecto, Petro recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó unas recomendaciones frente a lo ocurrido en la protesta social.
“De esas recomendaciones hubo una sobre la reforma a la Policía; hubo otras que tienen que ver con la indemnización, con la reparación, hasta donde es posible, de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social”, sostuvo el Mandatario.
El Gobierno Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron en enero pasado la creación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones presentadas por este organismo en un informe sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia, entre los años 2020 y 2021.
Al final de la jornada de diálogo, el presidente se refirió a compromisos del Gobierno Nacional para el desarrollo de obras de infraestructura en la región cafetera, como la construcción de una universidad pública en el municipio de Anserma.
