El cerco se cierra alrededor de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. A una semana de iniciar las sesiones extraordinarias en el Congreso de la República, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, está recolectando firmas de integrantes de varios partidos para citar a debate de moción de censura –el segundo que enfrentaría Vélez–.
A sus controvertidas declaraciones (como cuando habló de la teoría del decrecimiento en el Congreso Nacional de Minería 2022), ahora se le suma un nuevo lío que enfrenta con el informe de transición energética que presentó el ministerio en el Foro Económica Mundial. En este aseguró que Colombia tenía reservas de gas hasta el año 2037 o 2042. Afirmación que, según excolegas de Vélez en la cartera, son mentirosos.
Así lo hizo la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, –subalterna de Vélez–. Dijo que este documento, que pretendía dar razones para no suscribir más contratos de exploración de gas y petróleo, contenía datos que no eran confiables y que incluían nombres de funcionarios que no lo avalaron.
Es el caso del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Camilo Rincón, quien aseguró que, luego de revisar el informe y hacer comentarios, estos “no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado” y que “nunca fui informado de que mi nombre y el de dos colaboradores de la Dirección de Hidrocarburos iban a ser publicados como coautores del documento, por ende, no emití aprobación de usar mi nombre”.
En la revista Cambio, la exviceministra aseguró que tenía la prueba de que la funcionaria mintió, pues “la Dirección de Hidrocarburos (…) en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice que por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas”.
Toda esta situación tiene con el agua al cuello a Irene Vélez, a pesar de que el presidente Gustavo Petro lo ha defendido y protegido. Si bien la ministra salió bien librada, y por amplio margen, de un primer intento que provino desde la Cámara de Representantes por sacarla del cargo, ahora en el Senado se cocina otra moción de censura en su contra a raíz de estas revelaciones.
“Estoy convocando a todas las bancadas del país a que se sumen a la responsabilidad con los colombianos y para que llevemos a cabo un debate de moción de censura que garantice la soberanía y la sostenibilidad fiscal”, dijo el senador Miguel Uribe. Para esto, la tarea de reunir firmas de senadores está avanzando a la espera de que inicien las sesiones extraordinarias el próximo lunes 6 de febrero.
“Así mismo, se confirma la denuncia que hice hace meses sobre el cambio de funciones y cómo la ministra Vélez está debilitando la capacidad técnica del sector. Dice Belizza Ruiz que es grave cómo se están manipulando los manuales de funciones en las electrificadoras y empresas de servicios públicos”, agregó.
Por otro lado, el representante a la Cámara Alirio Uribe (Pacto Histórico) le dijo a EL COLOMBIANO que era absurda la idea de intentar otra moción contra Irene Vélez, toda vez que “esa contradicción ya se resolvió y respaldaron a la ministra. Ella ha sido citada a once debates de control político y a una moción de censura, en los que ha explicado la posición del ministerio sobre la transición energética, por lo cual no hay contradicciones profundas entre la visión del presidente, el programa de gobierno y lo que dijo la ministra”.
Lo que podría venirle a Vélez
Si bien los hechos parecen ser tozudos y el respaldo del presidente pueda protegerla políticamente, lo cierto es que la ministra de Minas deberá responder con más profundidad sobre este escándalo que pone en duda su gestión.
Estos hechos, según abogados penalistas consultados por este diario, podrían terminar en indagaciones de tipo penal, además de las disciplinarias que iniciaron a manos de la Procuraduría General de la Nación.
Al respecto, Francisco Bernate expresó que “es necesario determinar si fue un hecho que se presentaron cifras falsas y que se presenten como coautores de ese informe a quienes no lo fueron, porque esos serían hechos disciplinariamente relevantes”.
Por otro lado, señaló que este hecho podría ameritar también una investigación penal, pues “podría representar el delito de falsedad ideológica en documento público al haber consignado que unas personas participaron cuando, en realidad, no fue así”.
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A su vez, el también penalista Iván Cancino acotó que, para determinar la gravedad de la situación y si amerita una investigación penal, se debe tener en cuenta la finalidad del documento en cuestión y los datos que contenía: si era un informe ilustrativo en el que se hacía una interpretación de las cifras o si, más bien, eran modificaciones que se hicieron para tomar una decisión ministerial.
“Si fue una interpretación no habría responsabilidad, pero si es que cambió o modificó cifras que no son interpretables sí podría estar sujeta una investigaciones disciplinarias o penales. Hay que mirar si era un informe ilustrativo o si se usó con un carácter oficial, para el diseño de una ley, responder un derecho de petición o para tomar una decisión”, explicó.
Bernate agregó debería ser una investigación “muy rápida” de determinar y que, en lo disciplinario, podría terminar en una inhabilitación o suspensión del cargo.
No obstante, Cancino va más allá y explica que “solo cambiar cifras no es una infracción a la ley penal, salvo que ese cambio vaya a determinar alguna decisión oficial” y que “incluir el nombre de alguien que no estaba de acuerdo con el informe o no autorizó poner su nombre, puede ser un delito que va desde falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público o fraude procesal si fue apoyada para tomar una decisión por parte de una autoridad”.
¿Esto afecta la política fiscal?
El exviceministro del Interior y de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, ha dedicado varios espacios de opinión a señalar lo que para él sería la demora para remplazar las divisas que recibe el país del petróleo, los derivados y el carbón por las que puede dejar el turismo. Argumento en el que detalla que, para lograrlo, se necesitaría que al país llegarán 18 millones de turistas al año.
“Más allá de las implicaciones penales y disciplinarias hay una implicación práctica, porque nos estamos jugando el futuro. Lo grave de lo que dijo Belizza Ruiz es que confirmó de que no eran ciertas las cifras del informe y que en el ministerio lo sabían”, dijo.
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Lo concreto es que la permanencia de Irene Vélez en el Ministerio de Minas –de la que depende la estabilidad de las finanzas de la nación– representará una pelea entre el Ejecutivo y la oposición en el Congreso que buscará voces aliadas del gobierno para sacarla, ahora con más argumentos y con una indagación de la Procuraduría andando, en la que fue llamada a rendir testimonio a la exviceministra Ruiz.
¿Bastará el apoyo de Petro para rebatir tantos señalamientos que provienen del seno del propio Ministerio? “No hay cuña que más apriete que la del mismo palo”, dice la sabiduría popular.
