La Superintendencia de Transporte sancionó a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, al encontrar a la administración anterior culpable de no ejercer un control efectivo contra el servicio de transporte público ilegal.
Las investigaciones comenzaron en 2019 en una visita de la Superintendencia a las instalaciones de la Dirección de Tránsito, realizadas con el objetivo de verificar la problemática de ilegalidad e informalidad en el transporte público.
En el proceso se encontró que la Dirección no aplicaba la inmovilización de los vehículos ni cancelaba las licencias de conducción en los casos de prestadores de transporte ilegal. Además, se encontró que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga tuvo que ordenar la realización de controles al mototaxismo debido a la ausencia de controles por parte de la autoridad municipal.
“Esto evidencia la alteración de la prestación del servicio público de transporte en esa ciudad, pues existieron acciones y omisiones frente a la problemática de la ilegalidad e informalidad. Además, no se reportó la información correspondiente a las licencias de tránsito canceladas y suspendidas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)”, indicó la Superintendencia.
Así las cosas, se determinó que durante la anterior administración municipal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no utilizó las herramientas con las que cuenta para ejercer control en la prestación del servicio de transporte ilegal.
Por eso, además de una multa, la Superintendencia emitió una serie de órdenes administrativas con el fin de regularizar el control del transporte ilegal en Bucaramanga. Estas órdenes incluyen, por ejemplo, medidas para garantizar la inmovilización de los vehículos particulares que presten transporte ilegal y medidas para garantizar la cancelación de las licencias cuando se sorprenda a un conductor que reincida en prestar el transporte ilegal.
También se ordenó la emisión de una instrucción interna para prohibir a cualquier funcionario de la administración municipal de Bucaramanga emitir declaraciones en las que apoye la prestación del servicio público de transporte informal. Además, se ordenó contar con un programa permanente para controlar el transporte ilegal y la creación de un cronograma anual de operativos para controlar la informalidad en el transporte.
Si la Dirección de Tránsito incumple las órdenes de la Superintendencia de Transporte podrá ser sancionado con una multa de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
