Tras negar sus responsabilidades en los falsos positivos, dos altos mandos del Ejército se convirtieron en los primeros militares (r) en ser enviados a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentarse a juicio y, de ser hallados culpables, recibirían hasta 20 años de prisión.
Se trata de los coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Infantería La Popa, entre 2002 y 2003; y Juan Carlos Figueroa, quien lo sucedió entre 2004 y 2005.
Sus casos sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército son los que más han avanzado en la Jurisdicción, pues también fueron los primeros exmilitares en ser imputados.
Según detalles de la investigación de la JEP, revelados en julio de este año, “el 87 % de resultados en el Batallón La Popa, de 2002 a 2005, fueron asesinatos y desapariciones”.
Los investigadores hallaron varios modus operandi, entre los que se destacaron alianzas con grupos paramilitares del Bloque Norte de las AUC para hallar a las víctimas, asesinatos de guerrilleros que encontraban heridos y homicidios de personas que eran señaladas por los comandantes, o por la comunidad, como supuestos colaboradores de la guerrilla.
La JEP cuenta con suficiente evidencia para afirma que el primer patrón de muertes se comenzó a configurar cuando el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez llegó al Batallón La Popa en 2002 y se perpetuó con la comandancia de Figueroa durante esos dos años siguientes.
A nombre de este último, por ejemplo, pesan testimonios de sus subalternos y exescoltas, quienes lo vincularon con el reconocido paramilitar Jorge 40 y las ejecuciones extrajudiciales del batallón La Popa. Según la JEP, dicho coronel (r) habría participado en los asesinatos de 52 personas.
Mejía, por su parte, es un actual precandidato a la presidencia de Colombia, pese a que la JEP le atribuye la responsabilidad de, por lo menos, 75 muertes de personas asesinadas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate.
Ambos exmilitares hacen parte de los 15 miembros del Ejército –dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales– que fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Así las cosas, y pese a que se acogieron a la JEP y firmaron actas de compromiso, ninguno de los dos aceptó los delitos de los que la JEP los responsabilizó, por lo que la Sala de Reconocimiento dio por terminada la parte dialógica del proceso y abrió la posibilidad de que se inicie un juicio adversarial, en el que Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa podrán intentar demostrar su inocencia.
En manos de la UIA –que cumple el mismo rol de la Fiscalía en la justicia ordinaria– quedará evaluar a los acusados, investigarlos y definir su situación.
