Tras el acuerdo de paz de 2016, «las FarcC se disolvieron y desarmaron formalmente», ha indicado en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que ha agregado que «ya no existe como una organización unificada que se dedica al terrorismo o actividades terroristas o que tiene la capacidad de hacerlo».
No obstante, quienes sí tienen capacidad y, por lo tanto, han sido designadas como organización terrorista son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y Segunda Marquetalia, las disidencias de la disuelta guerrilla que decidieron retomar las armas tras la rúbrica del acuerdo.
Asimismo, también han entrado en la lista negra estadounidense los líderes de estas disidencias. Luciano Marín Arango, también conocido como ‘Iván Márquez’; Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’; Henry Castellanos Garzón, también conocido como ‘Romana’; Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’; Miguel Santanilla Botache, también conocido como ‘Gentil Duarte’; y Euclides España Caicedo, alias ‘Jhonier’, han sido sancionados a su vez.
En este sentido, y tras las críticas que recibió la Administración de Joe Biden tras el anuncio de la revocación, Blinken ha precisado que la decisión «no cambia la postura respecto a cualquier cargo o posible cargo en Estados Unidos contra ex líderes de las Farc, incluido el narcotráfico, ni quita la mancha de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia, que vio sus acciones como crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, la decisión «facilitará la capacidad de Estados Unidos para apoyar mejor la implementación del acuerdo de 2016, incluso trabajando con combatientes desmovilizados», defiende Blinken en el texto.
Por otro lado, las nuevas sanciones están dirigidas a «quienes se negaron a desmovilizarse y quienes participan en actividades terroristas». En agosto de 2019, ex comandantes de las Farc crearon la Segunda Marquetalia después de abandonar el acuerdo y, desde entonces, se han involucrado en «actividades terroristas», además de estar detrás de «los asesinatos de ex miembros de las Farc y líderes comunitarios».
Entre los crímenes que Estados Unidos achaca a la Segunda Marquetalia se encuentran la destrucción masiva, el asesinato, la toma de rehenes, el secuestro y la detención para el rescate de empleados del Gobierno.
Otro de los grupos que decidieron abandonar el acuerdo y retomar las armas es el liderado por ‘Iván Mordisco’, que lidera un grupo con el sobrenombre de las ex Farc, que «son responsables de la gran mayoría de los ataques armados atribuidos a elementos disidentes de las Farc desde 2019», así como del asesinato de candidatos políticos y ex guerrilleros, ha denunciado Blinken.
Como consecuencia de la designación y sanciones a estos grupos y sus líderes, todas las propiedades e intereses de su propiedad serán bloqueados, mientras que las personas que participan en determinadas transacciones con las personas designadas pueden estar expuestas, a su vez, a sanciones.
EL ACUERDO
En noviembre de 2016, las Farc, en la lista negra de Estados Unidos desde 1997, firmaron con el Gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, unos acuerdos de paz de La Habana que contaron con el visto bueno del expresidente de Barack Obama.
Desde entonces, cerca de 300 antiguos guerrilleros de las Farc han sido asesinados. El partido surgido tras la disolución del grupo, Comunes, ha denunciado en numerosas ocasiones la indolencia de las autoridades del Gobierno para poner de manera práctica los puntos pactados en el acuerdo de La Habana.
Esta incapacidad del Gobierno provocó que algunos de los guerrilleros desmovilizados en un primer momento retomaran la lucha armada, formando las disidencias, operando en zonas aisladas con nula presencia del Estado, disputándose ahora los cuantiosos réditos del narcotráfico y la minería ilegal con otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), o escuadrones paramilitares.
Todo ello ha provocado una nueva crisis de seguridad en varias zonas del país, en especial en aquellas zonas más inaccesibles del suroeste de Colombia, como Cauca, Nariño, o Valle del Cauca, donde, tal y como ha ratificado la ONU, se ha producido un «importante deterioro de la seguridad» de los antiguos guerrilleros.
