El abogado Jorge Pino Ricci apoderado de Centros Poblados y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión, aseguraron que no es cierto que no se estuviera ejecutando el contrato que pretendía llevar internet a las zonas más apartadas del país y reconocieron que se presentaron retrasos que les dieron a conocer al ministerio público.
Luis Fernando Duque explicó los detalles del proceso de adjudicación del contrato para conectar a internet por 11 años a 7.277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Duque dijo en principio, el contrato buscaba dar una solución de conectividad, no solo a las escuelas, sino alrededor de ellas, lo que representó un reto, dado que hay zonas en las que no hay electricidad.
Así mismo, aseguró que el volumen de insumos para hacer las instalaciones y las labores de logística, representaron retos para llevar a cabo el contrato, dado que la pandemia y el paro nacional terminaron en problemas de escasez en diferentes insumos, lo que en principio, sería la razón por la cual se retrasó la ejecución del proyecto.
No obstante, aseguró que Unión Temporal cumplió con varias metas que se trazaron en el contrato, como la entrega de los documentos de planeación de instalación y los estudios de campo que tenían que ser realizados antes de la instalación de los puntos digitales.
“Decir que Centros Poblados no ha ejecutado el contrato no es cierto. Hicimos una tarea de acuerdo con lo fijado por Mintic. Se entregaron los estudios de campo en los tiempos establecidos y cuando empezamos a presentar inconvenientes por los temas de suministros se lo comunicamos al ministerio, porque eran problemas que podía presentar cualquier contrato”, aseguró Duque.
Así mismo, el representante de la entidad, aseguró que, al día de hoy, 1002 centros digitales han sido instalados, por lo cual se estaban ejecutando las acciones hasta que se declaró la caducidad del contrato.
Por otro lado, el representante legal reveló que la Contraloría hoy se encuentra realizando las inspecciones a los insumos en las bodegas de la Unión Temporal y que el dinero del anticipo que se realizó desde el ministerio, está representado en 20 mil millones en equipos en las bodegas y «26 mil millones de pesos de lo que se compró y tenemos equipos pendientes de nacionalización por 20 mil millones en las aduanas», detalló.
Duque hizo hincapié en que el proyecto apenas estaba comenzando y que hasta el momento se ha ejecutado solo el 6,56 por ciento del presupuesto del proyecto, “hasta hoy hay un avance del 5 por ciento del tiempo de las obras… En los estudios de campo, en la planeación, en los informes de seguimiento Centros Poblados ha cumplido y de nuestros bolsillos han salido más de 15 mil millones para la ejecución del proyecto que no estaban en el anticipo”.
CENTROS POBLADOS INTERPONDRÁ RECURSOS PARA TUMBAR CADUCIDAD
Jorge Pinno Ricci, apoderado de Centros Poblados, anunció en la Rueda de prensa, que de no prosperar la acción de tutela que la entidad interpuso ante un juez promiscuo de Puerto Colombia (Atlántico), para amparar sus derechos al debido proceso luego de que se decretara la caducidad del contrato, interpondrán una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso del Consejo de Estado.
Pino Ricci indicó que el contrato con Mintic no podía tener cláusula de caducidad por ser atípico, por lo que según él, el ministerio incurrió en varias inconsistencias al presentar esa nulidad, además dijo que la ministra Karen Abudinen actuó como jueza en el proceso y negó las pruebas que les garantizaban a ellos su derecho al debido proceso.
“El ministerio actuó de forma indebida, de forma apresurada y se equivocó. No decretó las pruebas necesarias para verificar que la garantía bancaria es irregular y en el afán cometió gravísimos errores”, dijo el abogado.
Pino aseguró que el mecanismo de tutela, aunque está seguro que es procedente, es transitorio, por lo cual procede la demanda contra la Nación, por los perjuicios causados a las cuatro empresas que hacen parte de la Unión Temporal, ya que por la caducidad deben ceder los contratos que tengan con el Estado.
En un primer momento se buscará la nulidad del acto administrativo y posteriormente un reconocimiento a las utilidades que debieron recibir los contratistas por la ejecución de este proyecto.
“La Unión Temporal sí está pensando en formular una demanda contenciosa por todos los vicios, especialmente porque el ministerio no tenía competencia para declarar la caducidad, por violación al debido proceso, y otras irregularidades, formular la demanda para que se decrete la nulidad del acto administrativo mediante el cual se dispuso la nulidad del contrato”, explicó el abogado.
No obstante, la demanda iría mucho más allá, pues la Unión Temporal busca una indemnización por perjuicios. “La Unión Temporal tiene el derecho a demandar, a que se le cancelen las utilidades que hubieran recibido por la terminación de los contratos que están en ejecución, pero además no pueden contratar durante los próximos cinco años. La Unión Temporal tiene en este momento contratos por cerca de 8 billones de pesos, no pueden demandar por ese monto, pero sí por la utilidad que hubiesen recibido por esos contratos”, explicó el abogado.
En la rueda de prensa, la Unión Temporal reiteró que no procede la devolución del anticipo de los $70 mil millones, porque la entidad giró ese dinero a dos subcontratistas, quienes realizaron la compra de los equipos para llevar a cabo el contrato.
LA RESPUESTA DE LA MINISTRA
En respuesta a las afirmaciones entregadas por la Unión Temporal Centros Poblados, el Ministerio de las TIC ratificó las razones de su decisión de caducar el contrato.
“¡No sigan engañando al país! –dijo la ministra–. La caducidad no se debió al incumplimiento que estaba presentando el contrato en cuanto a la primera meta de Centros Digitales instalados exigidos, sino a la inexistencia de la garantía bancaria”.
Agregó, “el 27 de mayo se genera el primer incumplimiento por parte del contratista y el 25 de junio, en audiencia citada al Banco Itaú, la entidad bancaria informa que no expidió esa garantía. El 7 de julio, la entidad bancaria confirma por escrito: ‘(…) el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., no está legitimado para obrar como Garante dentro del proceso de la referencia, por cuanto las Garantías Bancarias números 2020-1156-01001, 2020-1156-01002 y 2020-1156-01003 no fueron expedidas por el Banco’. En banco adjunta un estudio grafológico que da cuenta de la falsedad de las firmas que aparecen como de Jorge Villa e Ignacio Giraldo”.
La ministra Abudinen manifestó que, “Estábamos en una situación muy grave: el contratista no solo estaba retrasado, sino que descubrimos que presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal. Ese mismo día, los denuncié ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Controlaría y la opinión pública”.
El Ministerio de las TIC confirmó la declaratoria de caducidad y ordenó a Centros Poblados el pago de la cláusula penal pecuniaria que asciende a $39.015.740.594.00.
“En 45 días hemos tomado 20 acciones que realizamos en el Ministerio para poder lograr la caducidad de ese contrato. Y sobre ese tema se conoció que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, rechazó la acción de tutela interpuesta por la UT Centros Poblados. Está claro que la estrategia de los contratistas es seguir dilatando las acciones que hemos tomado en este proceso”, aseguró la jefa de la cartera de comunicaciones.
