Un laberinto judicial ha evitado que Salvatore Mancuso obtenga su libertad, solicitada desde que llegó a Colombia nombrado gestor de paz del Gobierno y tras pagar una pena de 18 años en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Mancuso, que pidió ser aceptado en la Justicia Especial para la Paz (JEP) como un tercero voluntario y luego le fue aceptada su solicitud en la categoría de “bisagra” entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las fuerzas militares en la década del 90 y el 2000, tuvo que esperar los últimos meses porque se generó un conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz, en la que se desmovilizó y entregó las armas durante el Gobierno Uribe.
Aunque la Corte Constitucional no ha decidido todavía quién tiene la prioridad en la competencia para definir el caso de la libertad de Mancuso, la defensa logró hacer una estrategia para regresarle el expediente a la jueza de Justicia y Paz considerando que este no tiene sentencias pendientes en Colombia.
La libertad de Mancuso ya se había ordenado hace dos meses con la expedición de una boleta para la salida de la cárcel La Picota y estaba pendiente que se definiera el trámite con el que se verifica que no tuviera sentencias ni medidas de aseguramiento en la justicia ordinaria. Pero allí se encontraron algunos casos abiertos solicitados por la Fiscalía. La jueza se declaró no competente para evaluar esas medidas y el abogado Jaime Alberto Paeres apeló. En segunda instancia se ordenó que la jueza de Justicia y Paz sí es competente y, tras esa orden, se acumularon las sentencias sin dejar ninguna pendiente así como tampoco medidas de aseguramiento.
Esto significa que Mancuso va a lograr su libertad de manera inminente y, según puedo conocer EL COLOMBIANO con fuentes dentro del proceso, eso ocurriría tan pronto como el próximo lunes 08 de julio. De hecho, el exparamilitar va a convocar a una rueda de prensa en Bogotá tras su salida, antes de ir a Medellín en donde planea vivir para ejercer las labores de gestor de paz, asignadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La semana pasada la JEP le negó la libertad a Mancuso considerando justamente que está pendiente por definirse el conflicto de competencias en la Corte Constitucional.
Se prevé que Mancuso cuente con un voluminoso esquema de seguridad debido a su papel protagónico en la historia del conflicto como líder del grupo ilegal más sanguinario que tuvo cientos de miles de víctimas con masacres prácticamente en todas las regiones del país, pero especialmente en Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, Meta, Magdalena, Antioquia y Valle.
Lo último que dijo el expara, líder junto a los Castaño de toda la operación miliar y política delas AUC, es que supuestamente el fugado excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo fue el autor del asesinato a Vicente Castaño, quien hasta ahora, se sabía, había sido asesinado tras desmovilizarse en 2006 por su propia gente. Mancuso no entregó ninguna prueba de esa aseveración.
