Ante un Juez de la República, la Fiscalía acusó formalmente a tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander y a un particular como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en los contratos de obra 766 y de interventoría 1031 de 2015, mediante los cuales se buscaba reforzar estructuralmente los escenarios de la Villa Olímpica de Bucaramanga, que se celebró en la adminsitración de Richard Aguilar y que tuvo un valor total de $22 mil millones.
En esta nueva diligencia judicial, la Fiscalía acusó de prevaricato por omisión a la ingeniera Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, quien fungió como supervisora del controvertido contrato. Así mismo, el ente acusador le imputó a Édgar Fabián Báez Ariza, abogado de la Secretaría de Infraestructura para la época de los hechos, el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Igualmente le endilgó a Sergio Andrés Pitta Rueda, exasesor jurídico de la Secretaria de Infraestructura, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concusión. Finalmente, la Fiscalía acusó formalmente al excontratista Octavio Reyes Sarmiento, por peculado por apropiación.
Según las investigaciones de la Fiscalía, al menos el 16% del valor total del contrato, ($22 mil millones), se comprometieron en pagos de dádivas por el direccionamiento del contrato.
“Los elementos de prueba indican que el contratista, al parecer, obtuvo previamente información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones. Adicionalmente, se estableció que le habrían reconocido anticipos y adiciones presupuestales por actividades que nunca se realizaron, y por subcontratar a personas y empresas que no participaron en el proyecto. De esta manera, recibió $4.374 millones, de los cuales se habría apropiado de $1.889 millones, manifestó el ente acusador.
Con relación al abogado Báez Ariza, la Fiscalía conoció que estaría involucrado en el direccionamiento del contrato de obra y la entrega al señor Reyes Sarmiento de datos sobre cantidades de obra y presupuesto para que ajustara su propuesta. De otra parte, el abogado Pitta Rueda es señalado de gestionar la adición presupuestal del proyecto y de solicitar más de 13 millones de pesos a la interventoría para cambiar la modalidad de pago.
Finalmente, la ingeniera Wandurraga Ballesteros, en su condición de supervisora, no advirtió en sus informes el uso inadecuado del anticipo y la demora en la ejecución de las obras.
Por este mismo caso, el exgoberandor Richard Aguilar afronta un proceso penal en su contra.
