La redada que le hizo la Dian a Daneidy Barrera Rojas –Epa Colombia–, junto con otro proceso alterno que se adelanta en la Fiscalía contra Aída Víctoria Merlano, son la piedra angular de un expediente que está en construcción y que busca determinar si los influenciadores más reconocidos del país estarían o no involucrados en casos de lavado de activos.
Una información filtrada desde la Fiscalía conformó que se están analizando los movimientos de dinero de Epa Colombia, de la influenciadora Aída Victoria –hija de la prófuga exsenadora Aida Merlano– y de otros personajes que son reconocidos en sus redes sociales por contenidos que producen millones de vistas y que derivan en dinero cuya procedencia no está del todo clara.
Los nombres todavía no son públicos porque la investigación está en una etapa previa, en la cual los investigadores están recaudando pruebas y verificando datos.
Visita sorpresa
Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia, tiene en su cuenta de Instagram verificada más de 5 millones de seguidores y solo le dio “follow” a dos cuentas: sus empresas de keratina. Una con 459.000 seguidores y otra, privada, con 2,2 millones de usuarios.
Además, Epa tiene peluquerías en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Sus keratinas van desde $140.000 hasta $400.000. Su excontadora, Yeni Saldarriaga, dijo que la empresaria habría llegado a facturar cerca de 11.000 millones de pesos bimestrales.
El éxito de su negocio también lo celebra en sus redes sociales, en las que publica carros de alta gama, viajes, reconocimientos, su nuevo apartamento y las veces que su número de seguidores aumenta en Instagram.
Sin embargo, el rápido crecimiento en redes sociales y los lujos que presume han sido fuente de cuestionamientos desde muchas partes, entre ellas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que le cayó de sorpresa con un equipo para inspeccionarla por lavado de activos.
Condenada y sorprendida
Y Aída Victoria Merlano tiene una cuenta de Instagram con 3,5 millones de seguidores, y desde allí recientemente ha resumido el proceso judicial que está enfrentando: una condena que podría llegar a los 17 años de cárcel por ayudar a escapar a su mamá desde un consultorio odontológico.
El mismo día de la condena, a la influenciadora le llegó la sorpresa de un proceso abierto en la Fiscalía en el que la van a indagar por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La creadora de contenido sería la representante legal de una empresa ficticia llamada ESAID SAS dedicada a la ingeniería, arquitectura y urbanismo.
Según el expediente, se trataría de un “ocultamiento de bienes a la vista jurídica de este ente investigador, lo que configura un delito grave”.
Su abogado, Miguel Ángel del Río, calificó este proceso como una “persecución”.
Aunque todavía no existe ningún proceso contra otro influenciador colombiano, se espera que próximamente comiencen a sonar nuevos nombres en las pesquisas.
