Extinción de dominio para el predio donde estuvo secuestrado Juan Pablo Castillo

El predio que habría sido utilizado para retener al santandereano Juan Pablo Castillo Esper, durante 114 días, hace más de dos años, en Río de Oro (Cesar), fue afectado con fines de extinción de dominio.
Durante el operativo de rescate, el ganadero murió tras un intercambio de disparos entre los secuestradores y la Fuerza Pública. En el lugar fueron capturados varios de los presuntos delincuentes. El inmueble donde estuvo secuestrado fue ocupado y quedará a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (Sae).
Todo se remonta al 28 de febrero cuando hombres fuertemente armados llegaron hasta su finca en San Martín, Cesar, donde luego de amordazar a los vivientes, se lo llevaron con rumbo desconocido.
Tras el secuestro, los delincuentes comenzaron a llamar a la familia a la que le exigían 2500 millones de pesos por la liberación. Para presionar el pago, enviaron varias pruebas de supervivencia en las que se le veía cansado, según relató un familiar en ese entonces.
Fueron días de angustia y zozobra para sus allegados, quienes estaban dispuestos a pagar por su rescate; sin embargo, algo falló y el desenlace fue muy doloroso.
Todo estaba pactado, los familiares del ganadero, de 50 años, viajaron a Ocaña donde sería entregado el dinero para que Juan Pablo fuera liberado después de cuatro meses de secuestro.
Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaban. De manera simultánea, en zona rural de Río de Oro, Cesar, hombres del Gaula se adentraron en la zona donde tenían secuestrado a Castillo.
Su asesinato se produjo el 17 de junio, en zona rural de Río de Oro.
Al notar la presencia de las autoridades, los delincuentes tomaron la decisión de acabar con la vida del secuestrado, propinándole un tiro de gracia mientras permanecía amordazado, atado de pies y manos y en muy malas condiciones dentro de un cambuche. Durante el operativo siete personas fueron capturadas.
Henry Beltrán Sepúlveda, Mario San Juan Galván, Octavio Sánchez, Javier Rodolfo Sánchez, Hernán Benavides, César Benavides y José María Vergel, que al parecer pertenecen a una estructura delictiva, fueron enviados a la cárcel.
El ente acusador, acogiéndose a la petición de la Fiscalía General, les imputó cargos por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado.