La situación en Landázuri, Santander, ante las dos masacres ocurridas el 11 de septiembre con un saldo de nueve muertos, dejó entrever el complicado contexto social que se vive en las zonas rurales más apartadas del sur del departamento y el Magdalena Medio.
En el sector de Miralindo, en Landázuri, y sus alrededores, se vendrían desarrollando actividades de minería ilegal dedicadas a la extracción de carbón para las que se contrata a ciudadanos extranjeros, por tratarse de mano de obra ‘barata’.
Según los relatos y testimonios recogidos por la comisión especializada de Policía judicial enviada a la vereda Buenos Aires para adelantar las pesquisas del crimen, los cinco venezolanos que fueron linchados por la comunidad, hasta matarlos, serían trabajadores del docente Álvaro Díaz Pineda.
Además de enseñar en el colegio de Miralindo, las autoridades investigan si se dedicaba también a este negocio.
“El profesor tendría en su finca una actividad de explotación de carbón.
El precio del carbón ha subido por lo menos nueve veces en los últimos seis meses y ese transfondo de la minería ilegal viene generando escenarios desestabilizantes que se solucionan de manera radical”, dijo a esta redacción Julio Acelas, historiador y candidato a Doctor en estudios políticos del Externado.
El experto agregó que el ilícito no solo ocurre en Landázuri, “también en Cimitarra, en Sabana de Torres y Puerto Wilches, zonas con fuertes tradiciones del conflicto armado donde se trasladan las experiencias del sur de Bolívar de mineros que se asocian a grupos armados. En este caso comerciantes independientes que trabajan en su mayoría con venezolanos”, enfatizó Acelas.
El profesor les prestó a los extranjeros $22 millones
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, reveló que el principal móvil que se presume de la masacre de la familia oriunda de La Paz, Santander, sería el cobro de un préstamo económico que habría realizado Álvaro Díaz Pineda por una suma de aproximados $22 millones a uno de los señalados asesinos, para invertirlos supuestamente en la extracción de carbón.
“El profesor (Álvaro Díaz), al solicitar el reintegro o pago de esta deuda, ellos quisieron tomar revancha por su cuenta, segándole la vida no solo al profesor, también a su esposa y a sus dos hijos”, aseveró el mandatario.
Migración Colombia intervendrá en Landázuri
Al concluir el tercer consejo de seguridad regional convocado en Landázuri y al que asistieron Ejército Nacional, Secretaría del Interior, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Migración Colombia, se determinó tomar medidas para prevenir más asonadas y mitigar el rechazo a la población migrante radicada en la región.
“Desde la Defensoría se le pidió a la Alcaldía analizar el contexto social en el que están viviendo estas familias y conocer de alguna manera el porqué de estas situaciones tan lamentables. Y si es necesario, que se convoque de manera articulada a la Agencia Nacional Minera y demás instituciones pertinentes para tratar este tema de minería ilegal que demanda a todas las autoridades”, señaló a esta redacción Didier Rodríguez, defensor del pueblo del Magdalena Medio.
“No me vayan a matar”, las súplicas del docente
El crudo relato de la mujer que sobrevivió al brutal ataque fue clave para que los investigadores esclarecieran lo que habría ocurrido el sábado hacia la medianoche en la residencia de la familia del docente.
En una supuesta venganza, uno de los hombres, quien pretendió a la mujer pero fue rechazado por ella, la dejó atada dentro de la finca para que muriera quemada.
El reporte del testimonio cuenta que los cinco implicados estuvieron consumiendo licor en la tienda que queda cerca a la finca. Ya el docente les había cobrado el dinero, pero ellos alegaron que ese día celebrarían y luego saldarían la deuda.
Horas después, cuando la empleada estaba durmiendo, se sobresaltó con los alaridos.
“No me vayan a matar, si yo lo que les hice fue un favor con esa plata, no sean tan…”, la sobreviviente se paró y vio en el piso a la esposa del profesor, no sabía si estaba viva”, contaron los investigadores a quienes la mujer les aseguró que “la niña de 13 años se abalanzó para proteger al papá y los hombres la atacaron con arma blanca, lo mismo pasó con el otro hijo”.
La mujer logró salvarse y se encuentra estable luego de ser sometida a una intervención quirúrgica. Permanece bajo custodia y protección de las autoridades.
Su aviso fue el que llevó a que la comunidad decidiera buscar por sus propios medios a los responsables. La lejanía al casco urbano y el difícil acceso por la falta de vías terciarias, hizo que fuera tardía la presencia de las autoridades. Además, los habitantes de Miralindo manifestaron que el levantamiento de los cuerpos de las víctimas tardó más de 30 horas, luego los trasladaron al Insituto de Medicina Legal de Bucaramanga para su plena identificación.
Según pudo conocer esta redacción, una de las hijas del docente se salvó de correr con la misma trágica suerte que su familia. Se encontraba en Bucaramanga cuando se perpetró el inhumano acto.
