La mayoría de sus víctimas fueron profesionales del ‘Puerto Petrolero’.
Los sujetos eran expertos en el ilícito, orquestaban sus planes desde otras ciudades y ejecutaban el terror mediante un teléfono celular. Por medio de redes sociales fichaban sus ‘presas’: Solicitaban servicios de domicilio, acarreos, o contactaban a profesionales como arquitectos, topógrafos, personal de la salud para algún supuesto trabajo.
Los citaban en zonas rurales de los municipios de Puerto Berrío, Yondó y Puerto Nare.
Una vez las víctimas se trasladaban a los lugares, los llamaban y se hacían pasar como insurgentes.
Les decían que estaban en territorio de grupos armados y que debían suministrar información para corroborar que no fueran infiltrados de la fuerza pública.
Preguntando todo tipo de detalles recopilaban la información necesaria para luego llamar a sus familias haciéndoles creer que los tenían secuestrados.
Les exigían jugosas sumas de dinero amenazándolos con atentar contra la vida de sus seres queridos.
Desde $400 mil hasta $5 millones era la ‘tajada’ que se ganaban y luego quedaban “Convencidos” de sus logros delictivos.
Luego de varias denuncias, cerca de diez meses tardaron los agentes en reunir el material probatorio que permitiera efectuar su captura y enviarlos a la cárcel.
