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Por contratar buses viejos que provocaron un mortal accidente, responderá un alcalde de Santander

En libertad, pero vinculado al proceso, quedó José Rosember Rojas Moreno, alcalde del municipio de San Andrés, Santander, en la investigación que la Fiscalía le adelanta en relación a la contratación de “buses viejos”.

En libertad, pero vinculado al proceso, quedó José Rosember Rojas Moreno, alcalde del municipio de San Andrés, Santander, en la investigación que la Fiscalía le adelanta en relación a la contratación de “buses viejos” para el transporte escolar del municipio. Uno de estos vehículos se accidentó el año pasado y seis menores de edad murieron.


En una audiencia virtual, que se prolongó por varias horas, el Juez Promiscuo de Guaca, Santander, resolvió no imponerle medida de aseguramiento intramural al mandatario, así como para Sandra Bautista, funcionaria de la Alcaldía y Benito Luna, gerente de la empresa de Transporte La Tea, a la que estaba vinculada el bus siniestrado.


“Este servidor judicial resuelve el interrogante planteado sobre la improcedencia de cualquier medida de aseguramiento intramural y de otra naturaleza para los ciudadanos solicitada por la fiscal, como del Ministerio Público; es decir; se abstendrá de imponer como alguna medida sustitutiva”, dictó el juez al finalizar la diligencia judicial.


Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y el representante del Ministerio Público.

Imputación


El pasado 30 de marzo, la Fiscalía citó a José Rossember Rojas y le imputó cargos por los delitos de celebración indebida de contrato y falsedad en documento público, a los cuales no se allanó.


A Sandra Milena Bautista la procesaron por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público; Benito Luna Gutiérrez por interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautor.


En aquella audiencia el ente acusador reveló que “eran buses con más de 30 años de uso y con una empresa que no reunía los requisitos legales (…) Se antepusieron intereses propios, por cumplir compromisos políticos, antes de mirar el prejuicio que se le podía causar a los usuarios de este transporte”, dio a conocer la Fiscalía.


El ente acusador reveló además que la Alcaldía de San Andrés firmó el contrato para el transporte escolar de los menores con la empresa La Tea, por un valor de $80 millones, sin realizar la respectiva licitación pública.


Pese a las evidencias materiales probatorias presentadas, el togado dictaminó que, por ahora, no era necesaria la imposición de una medida privativa de la libertad.

Así fue el accidente


Aquel trágico 22 de marzo del año 2022, cerca de la 1:45 p.m., un autobús escolar, de placas SRY-939, que movilizaba 22 menores estudiantes de una escuela rural y un adulto, rodó cerca de 200 metros en el Alto de San Pedro, frente a la Laguna de Ortices en el municipio de San Andrés, Santander.


En el hecho cuatro niños y dos niñas, todos estudiantes del Instituto Técnico Laguna de Ortices, perdieron la vida. El resto de ocupantes resultaron heridos, algunos de gravedad.

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