Ante el Juzgado 34 de Control de Garantías de Bogotá la Fiscalía imputó al empresario Emilio Tapia por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
En audiencia este miércoles, el ente acusador le imputó los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado, cargos que no aceptó.
De acuerdo con la investigación, Tapia presuntamente ofreció y realizó el pago de $4.000 millones a Ottomar Lascarro Torres, quien ya fue imputado por estos hechos, para que las empresas participaran como parte de la Unión Temporal Centros Poblados, de manera ficticia, con el único objetivo de cumplir los requisitos para lograr la adjudicación de la licitación por más de un billón de pesos.
La Fiscalía indicó también que Tapia engañó a las personas encargadas de la licitación.
Luego de la adjudicación, se otorgó un anticipo al contratista por $70.000 millones, de los cuales $6.000 fueron entregados a Emilio Tapia, quien, presuntamente, giró $1.118 millones a los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos).
El excedente, algo más de $5.063 millones, el hoy procesado, al parecer, los usó para compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta; préstamos y los honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del millonario contrato.
El contratista se encuentra en la cárcel de Ibagué después de que el Inpec negara la petición de la Fiscalía de regresarlo a La Picota.
