El decreto establece principalmente que las armas traumáticas deben ser tratadas como armas de fuego y que su tenencia requerirá un permiso especial por parte de las autoridades, con lo que se busca evitar, que, como ya viene ocurriendo, criminales recurran a este tipo de armas, a las que hoy en día tienen más fácil acceso, para cometer delitos. En algunos casos, incluso las modifican para que sean más letales.
Sin embargo, este decreto “es una salida fácil del gobierno de sacar de manera unilateral otro decreto, como lo ha hecho con otros temas, sin tener en cuenta que es un tema tan amplio y complejo”, asegura Manuela Suárez, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Según Suárez, las armas traumáticas están denominadas en la legislación colombiana como “no letales”, categoría que ha tenido un incremento en su importación, pasando de 8.500 unidades en 2009 a 193.000 en 2019 y 190.000 en 2020 y abarca además las de fogueo, las de aire, las que utilizan balas de goma, las eléctricas como los taser y las químicas entre otras.
Según dice, en el decreto “no hay claridad sobre esta categoría, lo que evidencia una posición totalmente reactiva, a lo que ocurrió en el marco del Paro Nacional”, dice la investigadora.
Agrega que sorprende además que en este decreto no haya habido pronunciamientos sobre la urgencia de reformar la actual normativa de control de armas de fuego y construir una política que tenga verdaderos dientes para prevenir que civiles de manera indiscriminada utilicen sus armas en contra de otros.
Añade que es un grave error “que el Gobierno firme ese decreto y no aborde este tema clave para la seguridad del país, simplificando a prohibir un mercado que lleva abierto siempre y que este se debería discutir y no simplemente que el Gobierno salga y decrete”.
Por último enfatiza en que el problema de las armas no se soluciona completamente porque “si el control de comercio de armas ni siquiera puede hacer control de las armas de fuego que hay en el país, imagínese controlar adicionalmente las armas traumáticas”.
Por su parte, Nicolás Botero, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad), celebra la decisión de expedir el decreto. Dice que es “jurídicamente astuta e inteligente por el uso que se le está dando a las armas traumáticas en la calles del país” y agrega “que esto permitirá además que se controle su llegada”.
Sin embargo, Botero le pide al Gobierno que defina con mas claridad las categorías de armas traumáticas y que a su vez aproveche para regular las armas no letales.
Agrega que las armas no letales son muy útiles para la seguridad privada, pero deben ser reglamentadas para que la seguridad privada tenga menos armas de fuego.
