En una situación de alto riesgo se ha convertido ser un menor de edad en Colombia. A juzgar por las cifras negativas que la violencia está generando: 297 reclutamientos forzados denunciados en lo corrido de 2024, según la Defensoría, y más de 375 asesinatos, de acuerdo con Medicina Legal, lo confirman.
La estadística vuelve a la memoria por cuenta de varios hechos recientes relacionados con el conflicto armado, en el que los niños y adolescentes terminaron siendo los principales perjudicados.
El pasado 24 de diciembre el Ejército denunció que integrantes del frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), acribillaron a un adolescente de 15 años porque al parecer se negó a ingresar a las filas del grupo.
El caso ocurrió en una vivienda de la vereda La Hacienda, en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca), adonde llegaron los criminales, sacaron al joven a la calle y allí le dispararon.
En esta zona se desarrolla la Operación Perseo, con la cual la Fuerza Pública pretende recuperar el territorio históricamente dominado por el EMC. En el marco de esa incursión, el 9 de noviembre anterior fue encontrada una fosa común con cinco cadáveres, presuntamente ejecutados por ese grupo ilegal, entre los cuales había una menor de 14 años de edad.
Otro incidente ocurrió el 17 de diciembre en el municipio de La Plata, Huila, donde tropas de la Quinta División del Ejército se enfrentaron a un escuadrón del bloque central Isaías Pardo, otra estructura del EMC.
En el hecho murieron dos combatientes y uno quedó herido, otros tres fueron capturados. Además, seis menores que habían sido reclutados fueron recuperados por la Fuerza Pública, aunque tres ellos también quedaron heridos en la confrontación.
La Defensoría del Pueblo señaló que dichos menores tenían edades entre los 12 y 16 años, y que fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
La misma entidad precisó que, con corte al 3 de diciembre de 2024, se han documentado 297 casos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes en Colombia.
En similar lapso de tiempo de 2023 iban 337 casos, y aunque aquí se observa una aparente reducción, el problema podría ser más profundo, ya que la entidad ha establecido, según sus conocimientos, que existe un subregistro cercano al 30 % de hechos que no se denuncian.
En cuanto a los datos de mortalidad, Medicina Legal informó con corte al 31 de agosto que 375 menores fueron asesinados en el país (por múltiples razones, no solo del conflicto armado). De momento se espera el consolidado de fin de año, que seguramente arrojará un panorama peor.
De esas víctimas, 20 fueron reclutados por grupos armados ilegales en el departamento de Cauca y posteriormente asesinados.
“Denunciamos nuevamente la guerra que avanza destruyendo lo más preciado: nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el Cauca. Es hora de exigir a los actores armados una voluntad de paz, y de que las estrategias y acciones de seguridad por parte del gobierno nacional lleguen con efectividad a nuestros territorios. Nuestro pueblo no puede seguir en medio de una violencia sin sentido, lamentando más muertes pensando que eso es normal”, publicó en su cuenta de X el gobernador Octavio Guzmán, con ocasión del último asesinato reseñado en El Plateado.
Frente a esta situación, exacerbada en la última semana, también se pronunció el presidente Gustavo Petro. “El reclutamiento y asesinato sistemático de menores de edad es un crimen contra la humanidad en cualquier lugar del mundo que se realice. Si hemos pedido a la corte penal internacional que se juzguen genocidas que han bombardeado niños (refiriéndose al gobierno de Israel), lo mismo hay que hacerlo si sucede en Colombia”, publicó el pasado viernes.
Y añadió que “facultado por el Estatuto de Roma, pediré procesamiento penal internacional a los cabecillas de grupos armados responsables de la ejecución sistemática de menores de edad”.
Según las autoridades, los grupos criminales que están más involucrados en el reclutamiento y asesinato de menores son las dos facciones del EMC, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, el ELN y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, Buenaventura (Valle) y Quibdó (Chocó), con las cuales el Gobierno Nacional sostiene acercamientos de paz y mesas de diálogo sociojurídico.
Aunque algunos de ellos se comprometieron a frenar sus procesos de reclutamiento, en la práctica los menores siguen en altísimo riesgo, en particular en Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Antioquia.
