“El mencionado contrato fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, tuvo un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los 17.140 millones de pesos”, aseguró el ente acusador.
No obstante, Monsalvo Gnecco no aceptó los cargos y se declaró inocente, mientras que el delegado de la Fiscalía señaló ante un magistrado del Tribunal de Bogotá que la medida de aseguramiento es necesaria porque garantiza que el funcionario sea apartado del cargo.
En las verificaciones, la Fiscalía identificó, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación.
Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172’808.072.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al gobernador Monsalvo Gnecco los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
El representante del ente acusador, añadió que con la casa por cárcel se podría evitar que el mandatario afecte el proceso y pueda ser un riesgo para la sociedad ante la posibilidad de que no siga acudiendo al proceso.
La Fiscalía agregó que en contra Monsalvo Gnecco reposan siete investigaciones abiertas de los cuales dos son recientes. “Son contratos e investigaciones del año pasado, por ello se hace predecible que se adopte medida de aseguramiento para evitar que se siga apropiando del erario así sea a través de terceros”
Las pruebas de la Fiscalía
La Fiscalía narró los presuntos sobrecostos de algunos productos del contrato.
“El Hígado, una proteína de origen animal que fue valorada en el anexo dos de los estudios previos, costó 65.460 pesos por cada kilo gramo, un kilo de hígado… Lo cual es un exabrupto, si se tiene en cuenta que la carne costaba 14 mil pesos el kilo”.
Además el fiscal relató las quejas por mala calidad de las raciones, “reiteradamente habían quejas de parte de familias y de estudiantes, porque se servían raciones pequeñas, porque se repetía el menú, en otro caso se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras (de alimentos), o que las cocinas de los colegios no cumplían con las condiciones sanitarias adecuadas para la preparación de los alimentos. En algunas oportunidades, los estudiantes debían desplazarse hasta la casa de las manipuladoras para tomar sus alimentos, a pesar de haberse exigido las condiciones de disponibilidad entre los vehículos adecuados para el transporte de alimentos».
El Tribunal Superior de Bogotá, que dirige las audiencias concentradas, tomará una decisión sobre esta petición en los próximos días.
