A seis estaciones de servicio que estarían involucradas en la venta ilegal de gasolina en Puerres, San Pablo, La Cruz y Arboleda (Nariño), y Puerto Tejada y Piendamó (Cauca), la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión para su extinción.
De acuerdo con el ente acusador, los bienes, avaluados preliminarmente en más de 7.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.
Se pudo identificar, dice la Fiscalía, “los elementos de prueba obtenidos indican que las propiedades harían parte del patrimonio ilícito de una red dedicada al apoderamiento y destinación ilegal de hidrocarburos, cuyos presuntos integrantes fueron acusados como parte de una investigación que se sigue en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con la que se trabajó articuladamente desde la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio”.
Se indicó además que desde 2020, la estructura ha utilizado las estaciones de servicio para recibir el combustible mediante diferentes maniobras ilícitas y distribuirlo clandestinamente. En Nariño, la gasolina, el ACPM y otros combustibles que deberían llegar amparados por descuentos y otros subsidios por su comercialización en zona de frontera, eran desviados a Cauca para venderlos a un mayor precio.
Por último se informó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes ocupados.
