El frente 36 de las disidencias de las Farc quiere imponer en tres subregiones de Antioquia su poder, al punto que decidieron obligar a cumplir un manual de convivencia creado por ellos, a los habitantes de catorce municipios; seis del Norte, seis del Bajo Cauca y dos del Nordeste.
El propio grupo armado ilegal lo confirmó a través de un panfleto que hizo circular por las calles y veredas de estos municipios. Entre otras “normas”, las disidencias prohibieron a la comunidad transitar después de las 2:00 a.m. a pie y hasta en vehículo bajo el castigo de ser multado con $3 millones y en caso de ir en vehículo este quedará inmovilizado durante un mes. Incluso, les ofrecen alternativas de pago para cumplir con esta sanción a quienes no tengan cómo responder con el desembolso de esos $3 millones en una sola cuota.
Las autoridades señalaron que le panfleto es verídico, así como las intimidaciones que están sufriendo las comunidades de municipios como Yarumal, Angostura, Campamento, Guadalupe, Gómez Plata, Amalfi, Anorí y todos los municipios del Bajo Cauca. En estas localidades, según enfatizó el grupo ilegal, el manual de convivencia aplica tanto para la zona urbana como para la rural.
El frente 36 señaló que cobrará hasta $7 millones para las personas que invadan lotes, corran linderos o cometan hurtos y otros delitos. También tienen talonario de cobro para el comercio. Los bares y “remataderos” les tienen que pagar $3 millones; los que armen peleas deberán desembolsar $2 millones; y los chismosos tienen una multa de $1,5 millones. Los caballos no pueden ingresar a los bares y los padres de familia que permitan que los menores de edad ingresen a un negocio donde vendan licor, tendrán que pagar una multa de $1.000.000.
Esto mismo habrían ordenado las disidencias semanas atrás en Briceño. Sin embargo, hasta ahora, ni el gobierno departamental ni nacional se han manifestado oficialmente al respecto.
En otras subregiones, y por cuenta de otros grupos delincuenciales, los habitantes también padecen la falta de presencia del Estado y las intimidaciones de los ilegales.
En el municipio de Betulia, del suroeste antioqueño, está circulando un audio de una mujer que se identifica como jefa política del Clan del Golfo y que orden a los presidentes de las juntas de acción comunal asistir a reuniones políticas de un candidato a la alcaldía.
El candidato mencionado, sin embargo, calificó el hecho como una estrategia de desprestigio por parte de sus opositores.
De todos modos, la falta de garantías en la campaña electoral en muchos municipios es real. La Policía tiene denuncias de candidatos de siete municipios: en Urrao, Cisneros, Anorí, Hispania, Andes, Bello y Necoclí por amenazas en su contra.
