La informalidad es una de las principales preocupaciones en el mercado laboral del país y Santander no es la excepción a las altas cifras de este tipo de ocupación.
La estimación más reciente de informalidad para el departamento es de 2022 y arroja que el 56 % de los ocupados en el Santander están en esa condición que supone precariedad laboral. Esa cifra fue calculada ese año por el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, basada en la información del Dane.
Frente a los retos que supone la informalidad en Santander, la Gobernación trazó algunas metas para reducir este indicador en 3,2 puntos porcentuales, a través del Plan de Desarrollo Departamental.
En el primer documento, hay dos programas para ese objetivo y el de reducción de desempleo juvenil, la suma de esas iniciativas llegaría a los $6.505 millones.
En este 2024 se invertirían la mitad de esos recursos. Expertos evalúan las metas y los programas trazados en ese documento, que es discutido en la Asamblea Departamental, y será la hoja ruta del gobierno de Juvenal Díaz Mateus para el cuatrienio.
Más cifras
En el caso del área metropolitana de Bucaramanga el panorama de informalidad mejora y se ubica en el 44,7 % para marzo de este año, lo que significa que 259 mil personas se encuentran en esa condición.
Aunque para marzo de este año, cayó en 0,5 %, sigue estando por encima del promedio de las 13 principales del país, incluidas sus áreas metropolitanas (42,7 %).
Ante ese panorama de precariedad laboral, hay varios pendientes como la formalización de los habitantes de la zonas rurales. En promedio, en Colombia 8 de cada 10 personas que trabajan en estas zonas rurales, lo hacen de manera informal.
¿Qué dice el Plan de Desarrollo?
En el diagnóstico realizado por la Gobernación de Santander, resaltan una tasa de informalidad del 56 % -para 2022- y mencionan que “la baja calificación y organización de la mano de obra”, siguen siendo un reto.
En el componente ‘Es Tiempo del Trabajo’, ese documento plantea como objetivo el fomento del “empleo decente”. En el apartado se plantean dos metas: disminuir la informalidad y frenar el desempleo en los jóvenes.
La primera meta plantea: “disminuir en 3,2 (pps) el porcentaje de ocupados informales en el departamento de Santander”. A diferencia de la cifra de informalidad diagnosticada, la meta consignada habla de bajar la informalidad de 58.2 % a 55 %.
Entre tanto, el otro objetivo busca “disminuir en 2 (pps) la tasa de desempleo en jóvenes (15 a 28 años) en el departamento”.
Asociados a estas metas, se encuentran dos programas para el fomento y formalización del empleo. Sumados tendrían una inversión presupuestal de $6.505 millones.
El primero se llama ‘generación y formalización del empleo’ y persigue la formalización, “a través de la articulación de acciones que promuevan el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la intermediación laboral”. Para este programa, en el cuatrienio se realizarían ocho eventos en diferentes zonas de Santander.
Además, se fortalecerían 200 emprendimientos con “asesorías y acompañamientos técnicos especializados, formación, capacitación y gestión de recursos”. Según el primer documento, se destinarían $4.100 millones para este programa, la inversión más grande sería para este 2024 con $2.250 millones
El segundo programa es ‘formación para el trabajo’, que, según el documento, busca fortalecer las competencias laborales para disminuir desempleo e informalidad.
Allí se propone formar a 4.000 personas entre los diferentes municipios de Santander. Asimismo, este programa propone certificar competencias laborales a otras mil personas durante los cuatro años. En cuanto al presupuesto para ese programa, se canalizarían $2.405 millones. Al igual que al anterior, la mayor inversión sería en el primer año: $1.300 millones.
Sobre este tema, la secretaría de Competitividad y Productividad de la Gobernación, Eliana León, explicó que además de los programas mencionados, hay estrategias conectadas con otras dependencias, así como inversiones de cooperación para disminuir la informalidad en Santander.
“Vamos a tener como proyecto una rueda de empleabilidad y una rueda de negocios para poder integrar las siete provincias del departamento y el área metropolitana en trabajo articulado con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco Santander, la Andi y las diferentes universidades que nos apoyan en este proceso para reducir esa brecha”, dijo León, quien señaló que el presupuesto anual de esa dependencia sería cercano a los $6.000 millones, a falta de la revisión de la Duma departamental.
“Tenemos unas estrategias muy importantes de los 15 proyectos priorizados para el cuatrienio, 14 son en temas de conectividad vial terrestre y aérea y el proyecto Impala que viene para desarrollar en la provincia Yariguíes de la navegabilidad del río Magdalena”, indicó la funcionaria, quien añadió que hay varias “estrategias para traer también inversión de cooperación”.
Expertos analizan este plan
Johana Cárdenas Acevedo, directora del programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, revisó en detalle los documentos de planes de desarrollo presentados por la Gobernación de Santander y las alcaldías de los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga.
Sobre la inclusión de metas para disminuir la informalidad, Cárdenas Acevedo resaltó que el gobierno departamental haya incluido una meta, a diferencia de los municipios del área metropolitana.
“Es importante que la gobernación de Santander haya considerado incluir un indicador clave en la comprensión del dinamismo del mercado laboral y su estructura, como es la tasa de informalidad. Por lo que plasmarlo en el plan de desarrollo es muestra del compromiso que asumen con la promoción del empleo de calidad. Un ejemplo que deberían seguir los municipios del área metropolitana”, apuntó Cárdenas Acevedo.
En esa revisión, señaló que si bien es un buen comienzo trazar una meta para bajar la ocupación informal, pudo haber ido más allá, con el fin de acercarse a la meta del 40 %, planteada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para el 2030. Por esa razón, Cárdenas Acevedo planteó que para el último año del actual gobierno departamental (2027) la informalidad debería caer al 47 %.
“Con respecto a la meta que se proponen de reducir la informalidad en 3,2 (pps) consideramos que es un buen inicio, aunque podría ser más ambiciosa. No debemos perder de vista que el ODS nacional a 2030 es bajar la tasa de informalidad al 40 %, lo que implica que Santander aporte a 2027 una tasa más cercana al 47 %. Cabe señalar que el departamento no puede hacerlo solo, necesita que, principalmente el AMB también asuma sus compromisos”, agregó la directora del Cómo Vamos, quien cuestionó que ningún plan tuvo en cuenta la informalidad rural.
“Ningún plan de desarrollo asumió compromisos en materia de informalidad rural, un pendiente histórico que necesita ser abordado”, resumió Cárdenas Acevedo.
¿Serán suficientes los programas?
Ante los programas anunciados en el Plan de Desarrollo, Jhon Alexis Díaz Contreras, director del programa de Economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, planteó sus observaciones sobre los dos programas definidos en el Plan de Desarrollo y señaló que es importante el trabajo articulado con las instituciones de educación superior.
“Sería muy bueno que la política pública, en términos de formación para el trabajo, estuviera alineada con las instituciones de educación superior del departamento para apuntar al cierre de brechas ocupacionales. Es decir, que lo que estamos formando las instituciones de educación superior se ajuste a lo que está necesitando en la economía del departamento”, dijo Díaz Contreras, quien planteó revisar la distribución de recursos para que los programas tengan un impacto a mediano y largo plazo.
“Llama mucho la atención que en este tipo de programas el esfuerzo más grande presupuestalmente se hace en este año (2024) y, de ahí en adelante, los aportes al lado del presupuesto dedicado a ese tipo de programas caen muchísimo. Entonces no parece, de primera mano, como una señal de que esto vaya a ser una prioridad de mediano o largo plazo”, indicó el catedrático.
Precisamente sobre este tema, añadió que si los esfuerzos no son “sostenidos” se podría perder un “buen trabajo inicial”. Además, el experto reconoció las menciones que el documento hace para la inclusión de comunidades que padecen brechas laborales.
“Aunque las iniciativas en términos de sus propósitos y del impacto que puede generar, resultan pues bastante interesantes y que además en los detalles en el plan de desarrollo, pues están atendiendo comunidades que requieren una atención especial como empleo rural de mujer rural jóvenes y este tipo de comunidades”, agregó Díaz Contreras.
Al cierre de 2023, de los 2′341.000 habitantes de Santander, el 78,5 % se encontraban en edad para trabajar.
