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Investigan a seis generales por operación en Puerto Leguízamo que dejó 11 muertos

Casi un año después del operativo del Ejército Nacional en Puerto Leguízamo, en donde murieron once civiles en confusos hechos, se investigan altos oficiales.

Casi un año después del operativo del Ejército Nacional en la vereda El Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, en donde murieron once civiles en confusos hechos, la Procuraduría procedió a investigar a 6 generales de la República que pueden estar comprometidos en los hechos que pusieron en duda el actuar de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el ministerio público, en los hechos del 28 de marzo de 2022, pudo verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares, por lo que la actuación disciplinaria fue remitida de la Delegada para los Derechos Humanos, a la Sala Disciplinaria de Instrucción, entre cuyas competencias está la de investigar oficiales militares con rango de Generales de la República.

“Estos hallazgos se dan luego de que el Ministerio Público ejerciera poder preferente para conocer la indagación disciplinaria adelantada por el Batallón contra el Narcotráfico No. 3 el pasado 18 de abril de 2022 y solicitara la práctica de nuevas pruebas. Posteriormente, y luego del análisis de dichas pruebas, el 21 de abril de 2022, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación”, reportó la Procuraduría.

También precisa que a lo largo del año 2022 fueron expedidos diferentes autos que ordenan la práctica de más pruebas, todas encaminadas a esclarecer lo sucedido, además que se ha logrado una articulación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, a través de la que se han realizado múltiples inspecciones a los procesos penal y disciplinario en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.

Por último la Procuraduría dice que en adelante será esta sala disciplinaria la que ordenará el recaudo de nuevas evidencias y definirá futuras acciones dentro del proceso, garantizando los derechos a la defensa y al debido proceso de víctimas e investigados.

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