Pocos días después de que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga reconociera que el pasado 23 de febrero suspendió, por cerca de ocho horas, la captación sobre el río Suratá, tras encontrarse altos niveles de mercurio en el agua, la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación a la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero.
Esta decisión, informó el órgano de control, se tomó en virtud del informe preventivo elaborado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, tras advertir presuntas omisiones, por parte de Gamboa Guerrero, al permitir prácticas mineras contrarias a la ley, las cuales han derivado en la contaminación de corrientes de agua con las que se alimenta el acueducto que abastece a Bucaramanga y su área metropolitana.
Con esta investigación, se establecerá la existencia de posibles faltas disciplinarias de la funcionaria, ya que, al parecer, tendría conocimiento de las actividades de minería ilegal, que desde el 2020, se practican en California, sin atender los requerimientos que le ha hecho el ente de control disciplinario.
Es decir, para la Procuraduría, la alcaldesa de California, quien tiene atribuciones de Policía, para el control de la minería ilegal, particularmente, de explotación de oro, de lo que fuera un título minero que estaba en cabeza de una empresa y que ya no es titular, no habría tomado acciones para frenar esta actividad que están afectando a California, Matanza, Suratá y, en general, a los municipios que forman parte del área metropolitana de Bucaramanga; de hecho, se teme una “gravísima” problemática para la salud de los ciudadanos.
“Presuntamente, la mandataria local no ha ejercido de manera eficaz los deberes funcionales que le corresponden como primera autoridad policial, ni ha convocado a las autoridades competentes para que coadyuven en la consolidación de un Plan de Acción Integral para impedir esta práctica, especialmente en lo relativo al uso del mercurio y otros elementos que atentan contra las fuentes hídricas”, comunicó la Procuraduría mientras presentaba la decisión.
Y, por otra parte, sentenció que se “ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria por parte de la investigada”.
En conversación con Vanguardia, Gustavo Guerrero, delegado Ambiental de la Procuraduría, confirmó que este es el primer informe con fines disciplinarios y la primera apertura de investigación disciplinaria que se realiza en torno al tema de la contaminación de agua con mercurio en Santander, más específicamente en la región de Soto Norte.
De hecho, subrayó que se ha estado efectuando una verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de las actividades mineras en toda el área de influencia del Páramo de Santurbán, particularmente, dándole cumplimiento al mandato de la sentencia de la Corte Constitucional T-361 de 2017, que ordena todo el proceso de delimitación participativa del Páramo, a efectos de identificar la línea a partir de la cual hacia abajo no es permitida la actividad minera.
Sin embargo, se trata de un ejercicio que solo se ha podido surtir con Vetas, mientras que con otros municipios no, como California.
“El uso de mercurio en el oro ha sido proscrito no solo desde el punto de vista legal en Colombia, sino también desde el punto de vista internacional, en el marco de convenio de Minamata, que insta a los estados a proscribir el uso de mercurio. El mercurio es una sustancia sumamente contaminante, que afecta de manera grave el recurso hídrico”, añadió.
El delegado de la Procuraduría hizo referencia a los muestreos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, debido a que con estos han podido ratificar que el contenido de mercurio en las aguas del río Suratá, que alimenta al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha superado los límites permisibles que establece la norma nacional de vertimientos. El límite permisible es de 2 microgramos por litro y las trazas de mercurio encontrado llegan hasta 100 microgramos por litro.
“Esto supera con creces los límites permisible, por ende se pone en riesgo la salud de las personas. En todo caso, el prestador de servicio de acueducto se encarga, en el marco del tratamiento, de eliminar la sustancia, de tal suerte que las aguas que reciben en estos momentos los habitantes y los pobladores, no es agua contaminada”
Lo que más preocupa es que en el momento en que las aguas contaminadas que se captan no pueden recibir tratamiento porque ya no es posible eliminar la carga de mercurio, la empresa se verá obligada a buscar otra fuente de abastecimiento.
