Un incendio, un motín y un homicidio tienen en el ojo del huracán a las entidades que ofrecen atención especializada para las personas que tienen adicciones, en Bucaramanga. Diez más están a punto de ser intervenidas.
Las alarmas se encendieron el pasado 10 de septiembre cuando Abraham Josué Chía Robles fue asesinado al interior de Bethel, un centro de rehabilitación ubicado en la carrera 21 con calle 41. Durante la inspección realizada al lugar, tras el lamentable suceso, se encontraron 75 personas más en condiciones de hacinamiento, insalubridad y con aparentes maltratos.
El segundo caso ocurrió hace menos de una semana cuando se armó una revuelta en el centro de rehabilitación cristiano, Funcape, ubicado en la calle 41 con carrera 15. Las autoridades detectaron que quienes recibían allí atención, en su mayoría jóvenes y menores de edad, eran maltratados, consumían alimentos en descomposición, incluso muchos estaban allí en contra de su voluntad.
El tercer caso se registró el sábado 16 de octubre, cuando se atendió un incendio en una vivienda ubicada en la carrera 20 con calle 8 del barrio Comuneros, donde venía operando la Fundación Casa de Amor y Fe. Se reportaron tres víctimas fatales.
Si bien, desde la Alcaldía de Bucaramanga se han venido realizando operativos de vigilancia, inspección y control, se la ha pedido a la Gobernación de Santander también intervenir.
Melissa Franco, secretaria del Interior del Municipio, explicó que son numerosas las quejas sobre maltratos y afectaciones a la vida y a los derechos humanos, las que se han venido recibiendo sobre fundaciones y centros de rehabilitación.
Así que “el llamado a la Gobernación de Santander es porque tiene la facultad de ejercer funciones administrativas de inspección, control y vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro. Según las atribuciones conferidas en el artículo 211 de la Constitución, los decretos nacionales 1529 de 1990, 1318 de 1988, 2150 de 1995, 0427 de 1996 y 1067 de 2015, y el decreto departamental 171 de 2015”, precisó la funcionaria.
Según esta normativa, el Gobernador puede cancelar de oficio o a petición de cualquier persona, la personería jurídica de las asociaciones, corporaciones, fundaciones o instituciones de utilidad común, incluyendo la del represente legal cuando las actividades se desvían del objetivo de sus estatutos o sean contrarias al orden público, a las leyes o a la buenas costumbres.
Para Franco lo que se ha encontrado en los operativos son situaciones aberrantes, que se han ido informando oportunamente a la Administración Departamental y la Fiscalía. A veces ni siquiera se les deja utilizar baños en horas de la noche y los internos deben utilizar baldes o pocillos donde les sirven la comida para hacer sus necesidades fisiológicas frente a sus demás compañeros.
“En Funcape, las personas recluidas entregaron a los comisarios de familia unas sustancias que les estaban aplicando de forma arbitraria, los golpeaban, no les daban comida y se están verificando otras situaciones. Y la del incendio está siendo objeto de investigación, aunque nos reportaron que se generó por una riña al interior; de hecho, los mismos familiares están reportando maltratos y que no les dan comida”, aseveró.
Lo más grave del asunto es que estas fundaciones estarían interconectadas, posiblemente porque los dueños hacen parte de una misma familia.
La secretaria del Interior reconoce que solo haciéndose un trabajo interinstitucional con la Gobernación se podría reconocer cuántos y cuáles centros de rehabilitación de este tipo estarían funcionando en la ciudad y en el departamento, y bajo qué condiciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que a muchas de estas se está llegando por quejas de la misma ciudadanía, ya que algunas se encuentran en servicio sin cumplir los requisitos de ley.
Actualmente, se tienen en el listado 10 fundaciones que también tendrían serias irregularidades en su operación.
“Hago un llamado también a los padres de familia a que verifiquen a dónde dejan a sus hijos y en qué situaciones están. Hemos visto en los operativos, que realiza la Administración, torturas, malos tratos y golpes”, agregó la funcionaria.
