Un número bastante amplio de trabajadores de Unitransa S.A. dicen estar inactivos en la seguridad social porque la empresa de transporte público de Bucaramanga no ha efectuado los pagos correspondientes que les permite acceder a los servicios de salud.
Ante el incumplimiento de este compromiso contractual, así como de los salarios, cerca de 15 empleados tomaron la decisión, desde el pasado 1 de septiembre, de interrumpir actividades. Desde entonces se encuentran en mitin frente a la sede administrativa de la empresa, todos los días, y desde allí se programan actividades de protesta como la efectuada en la mañana del viernes.
Juan Badillo, trabajador y presidente del sindicato Unimotor, señaló que ante los cuestionamientos que se han venido haciendo a los directivos sobre esta ‘mora’, “la empresa nos manifiesta que es a través de la asamblea de los accionistas que se toman decisiones y determinaciones. Lo que consideramos nosotros es que es una pugna entre ellos y eso cae directamente a los trabajadores cuando no debería ser así. No están cumpliendo con la obligación de pagar la cuota de administración, de acuerdo con el contrato que tienen como asociados”.
El líder sindical agregó que justo esa cuota de administración, por la que no están respondiendo los asociados, es la que permite que haya flujo de caja. Sin embargo, para él y sus compañeros lo más preocupante de toda esta situación que deja una vez más en evidencia la crisis del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga, es que no se cuente con seguridad social.
“Le estamos solicitando al representante legal de Unitransa que nos cumpla con todas las obligaciones contractuales que tienen con los trabajadores. Son más de 70 los afectados con esta situación, aunque hay que aclarar que no todos tienen las mismas condiciones. A los que más nos deben son 10 quincenas, también tienen pendiente primas, auxilios y dotaciones, entre otros aspectos que están plasmados en la convención”, agregó.
Pedro José Oróstegui, gerente de Unitransa S.A., le reconoció a Vanguardia que todavía se deben sueldos.
“Se han ido pagando individualmente, en la medida en que los recursos nos lo han permitido, también porque hay personas que acudieron a la acción de tutela y con otros llegamos a un acuerdo en uno de los plantones”, dijo.
La razón del incumplimiento, aseveró el gerente, es porque aún no se han podido suscribir unas actas de asamblea general de accionistas. “Con fundamento en esto, se tiene en venta uno de los predios de la empresa para hacer los pagos a los trabajadores. Estamos citando a una asamblea extraordinaria para que se dé la aprobación de esta acta y poder acudir a los créditos y a la venta del inmueble”.
Oróstegui indicó que a unos 10 trabajadores aproximadamente se les deben 10 quincenas. La empresa cuenta con 200 trabajadores en estos momentos.
“Hay 130 conductores que se les deben horas extras, recargos dominicales, desde mayo. A esos trabajadores el salario está al día porque se les paga a través del propietario. Nos encontramos atrasados con el personal de plantas que son 60 personas, de esas los que están protestando son 15. La mora más alta es con 10 trabajadores”, acotó.
A juicio del directivo, esta situación es consecuencia de la pandemia y de la informalidad.
No obstante, consideró que, en medio de todo esto, la decisión que tomaron los propietarios de hacer una rebaja de tarifa ha permitido la reactivación y la movilización de pasajeros.
Por lo anterior se hace necesario precisar que, desde hace unas semanas, los propietarios de buses y busetas de algunas empresas decidieron otorgar un bono solidario a sus pasajeros que consiste en descontar $1.000 de la tarifa. Es decir, cada usuario del transporte público colectivo, según la ruta, solo paga $1.600 por pasaje.
Sin seguro
Con respecto a la seguridad social, Oróstegui comunicó que la seguridad social se está pagando con mora. Actualmente se debe agosto, que se debía pagar en septiembre, y septiembre, pero hasta el 12 de octubre se tiene plazo.
“De acuerdo con la capacidad económica y teniendo en cuenta las personas que más lo necesitan porque tienen una cirugía o requieren atención médica, se les va pagando, para esto hemos organizado grupos. Nos queda difícil conseguir los recursos para pagar $80 millones que es lo que vale el total”, puntualizó.
