En la mañana de este lunes, 5 de agosto, la Procuraduría General de la República confirmó la formulación de pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por las presuntas irregularidades que se habrían dado durante su Administración, en un contrato por más de $1.000 millones en plena pandemia por el COVID-19.
“La decisión también cobija al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de ese departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del cuestionado contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila”, informó el Ministerio Público.
Según el órgano de control disciplinario, que llama a juicio al exmandatario departamental, el contrato en cuestión tenía como objetivo la atención en lo relacionado con el COVID-19 a través de un centro de atención telefónica que no se habría ejecutado de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista con el 100 % del personal ofertado.
“No obstante, la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor eran manifiestamente contrarios a lo pactado (…) En ese sentido, el Ministerio Público cuestionó la conducta del exgobernador quien, habría delegado en el director de la Gestión del Riesgo, la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo”, informó la Procuraduría.
