Desde hace casi una década los habitantes de Vélez, Málaga, Landázuri, Barichara y Los Santos, municipios santandereanos reconocidos nacionalmente por distintas razones, esperan sentados que se cumpla la promesa de tener agua potable hecha por distintos gobernantes, contratistas y políticos, que incluso han comenzado con bombos y platillos las obras de los acueductos, que hoy están abandonadas o a medio camino.
Aunque en 2013 el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, creó la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, para desarrollar el programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico de Santander, que tenía como una de sus metas principales dotar con alcantarillado y acueductos a varios municipios, la entidad, lejos de su objetivo, terminó convertida en un fortín burocrático y político para la adjudicación de contratos evadiendo la Ley 80 o Estatuto de Contratación Pública, desdibujada y sin resultados en beneficio de las comunidades.
Claro ejemplo de lo anterior es la realidad de los proyectos para la construcción de los acueductos regionales de Vélez, Málaga, Landázuri, Barichara y Los Santos, ejecutados por la Esant, que hoy son verdaderos monumentos a la mala planeación y terminaron envueltos en polémicas por presuntas irregularidades en la contratación, problemas con contratistas e inconsistencias en la ejecución de las obras.
La Unidad Investigativa de Vanguardia y Q’hubo Bucaramanga hizo seguimiento a todos estos proyectos.
Acueductos sin fin
Mediante las resoluciones 0284, de fecha 22 de octubre de 2013, y 21651, fechada el 7 de noviembre de 2013, la administración del entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, le concedió a la recién creada empresa de servicios públicos, Esant, todo el manejo de los contratos de saneamiento básico y agua potable del departamento.
Con dicha potestad, la entidad, en ese momento gerenciada por el excongresista, Edwin Ballesteros, comenzó a celebrar una serie de contratos de obra pública para la construcción de acueductos y alcantarillados en diferentes municipios del departamento.
Es así como el 16 de junio del 2015 Ballesteros, entonces gerente de la Esant, aprovechando el régimen especial de las empresas de servicios públicos, adjudicó de manera directa, sin licitación pública, el contrato 171 – 15 con la Unión Temporal Aguas Chicamocha, para la Construcción del Acueducto Regional del Chicamocha, en el municipio de Los Santos, por valor de $22.653 millones y un plazo de ejecución de 18 meses.
La Unión Temporal Aguas Chicamocha está conformada por: Construcciones OCA SAS, firma constituida por Juan Carlos Ordóñez Gavassa y Álvaro Roberto Cardozo Ordóñez (hermano de Raúl Cardozo Ordóñez, exalcalde de Piedecuesta prófugo de la justicia e investigado por corrupción). OCA SAS, que tiene el 50 % de participación en la Unión Temporal, está en proceso de reorganización abreviada, es decir, se prepara para declararse en quiebra.
Así mismo, participa la firma López Morales & Cia, hoy denominada Polo Construcciones SAS, con el 49 %. Polo Construcciones, hizo el cambio de su razón social el primero de enero, en pleno proceso de adjudicación del millonario contrato del acueducto de Los Santos.
López Morales & Cia es propiedad del excontralor departamental Fredy Anaya y su esposa, la excongresista Nubia López, junto con sus hijos Andrés Felipe y Santiago Nicolás Anaya López.
Finalmente, con el 1 % de participación, la empresa Ingecol SA, constituida en su momento por: José Humberto Mejía, Cristian Gómez Mejía, Fernando Muñoz González, Orlando Sanabria y Jairo Camacho Prada (exjefe de la oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Piedecuesta en la administración de Danny Ramírez), completa la conformación de la Unión Temporal.
Ingecol se encuentra en proceso de liquidación desde el 2021 por acreencias superiores a los $3 mil millones.
Tras la adjudicación, la Unión Temporal Plan Maestro 2015 recibió un anticipo de $11.326 millones, correspondientes al 50 % del valor inicial del contrato.
La promesa en Los Santos
El contrato 171-15 señalaba que el Acueducto Regional del Chicamocha, que llevaría por fin agua potable al municipio de Los Santos, estaría terminado en diciembre del 2016, sin embargo, tras 8 años y tres meses de haber sido adjudicada, la obra continúa frenada en su ejecución, con solo 80 % de avance físico y 90 % financiero.
Hoy, casi una década después, los habitantes de la pequeña localidad santandereana, conocida nacionalmente por estar ubicada sobre el nido sísmico con la segunda mayor actividad del mundo, pasan cada día por el parque principal y ven el monumento y la placa en la que se lee una promesa incumplida.
“Los aquí firmantes nos comprometemos ante Dios y la comunidad de Los Santos a que garantizaremos de manera definitiva el suministro de agua para todos los habitantes”, dice el texto gradado sobre piedra barichara, con la firma del gobernador Richar Aguilar y el gerente de la Esant, Edwing Ballesteros, quienes hoy enfrentan líos judiciales por otros casos de presunta corrupción.
La Cámara de Comercio de Bucaramanga a través de la Veeduría Contractual de Infraestructura califica el proyecto del Acueducto Regional del Chicamocha como una obra fracasada que, de llegar a ser terminada, ni siquiera lograría cubrir el objetivo para el cual fue proyectada.
“A partir de la iniciación se prevén 8 meses de plazo adicional. Es decir, el contrato tendría una duración de 8 años desde el inicio 15 de junio de 2015. Es bastante incierta la capacidad de captación, pues en pruebas iniciales no da más de 16 litros por segundo. Pero lo más preocupante es que los costos de operación y mantenimiento no son sostenibles con tarifas y debe ser subsidiado en más del 80 %”, advierte el informe de la veeduría.
Según la Esant, el proyecto no ha podido avanzar debido a problemas en la gestión predial por donde pasará la tubería del acueducto, gestión, que, según la entidad, debe realizar la administración municipal, es decir, la Alcaldía de Los Santos.
“Actualmente se encuentra en revisión de diseño de Anclajes, Línea de Aducción Tanques – Embalse La Cañada Servidumbre Predio La Serranía, así mismo, revisión de solicitud de reajuste de precios presentado por el contratista de obra.”, respondió a Vanguardia Didier Serrano, director de Proyectos y Medio Ambiente de la Esant.
¿Interventor de ‘bolsillo’?
La fallida obra del Acueducto Regional del Chicamocha es supervisada por el Consorcio Chicamocha 2015, integrado por Coesint SAS 34 %; Osuca SAS 34 %, y Construcciones Deico Ltda 1 %. Es representada legalmente por Lyda Xiomara Peña.
Coesint SAS, que ahora se denomina C&C Constructores y Consultores SAS, fue constituida por Martha Cecilia Osorio López y Lyda Xiomara Peña, ambas cercanas a Fredy Anaya y Nubia López.
Posteriormente, le vendieron su participación accionaria a Amira Odeh Vera, cercana a Miller Castaño, megacontratista que ha desarrollado varios proyectos de la mano de su amigo el excontralor Anaya.
Amira Odeh, por su parte, ha logrado la adjudicación de cuatro contratos en la Cdmb en los últimos años para el suministro de material vegetal y el funcionamiento de viveros. También contrató con la empresa de alcantarillado Empas en el año 2020, vigencia en la que aún Fredy Anaya mantenía el poder en esa entidad.
El consorcio también cuenta con la participación de Osuca SAS, 34 %, fundada por Hernando Vanegas Cuenca y Doris Rivera Ovalle, quienes en 2013 le pasaron la propiedad a Nydia Karina Medina Manosalva. Hoy la firma está en proceso de liquidación.
La empresa de Yopal, Casanare, Construcciones Deico Ltda, completa el consorcio interventor con el 1 % de participación. Deico Ltda es representada legalmente por Susan Yulay Arguello Rubiano e Iván Darío Plazas Rubiano.
Vélez, con el agua lejos
Como si se tratara de un déja vu, el 17 de noviembre del 2015, pocos días antes de culminar el gobierno de Richard Aguilar, la Esant, en cabeza de Edwin Ballesteros, firmó el contrato 267-15, para el desarrollo del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez, Santander, con valor inicial de $27.083 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.
El millonario contrato le fue adjudicado a la Unión Temporal Plan Maestro 2015, conformada por varias de las cuestionadas firmas que meses atrás se habían ganado el contrato del Acueducto Regional del Chicamocha. Es así como los Cardozo repitieron su buena racha en la Esant con su firma Construcciones OCA SAS, (en liquidación), que tuvo la mayoría de la Unión Temporal con el 54 % de participación.
Pero los Cardozo no solo repitieron, sino que además ampliaron su participación en los contratos de la Esant al lograr que en la Unión Temporal Plan Maestro 2015 también estuviera incluida la firma Cahe Ltda, con el 21 % de participación, que también hace parte de la controvertida unión temporal. Cahe es propiedad de los hermanos Saúl Eduardo Cardozo Nuncira, Laura Patricia Cardozo Nuncira y Raúl Alfonso Cardozo Nuncira, todos hijos del exalcalde de Piedecuesta, Raúl Cardozo Ordóñez.
Justamente durante los días de la elaboración de este informe, la Fiscalía le imputó cargos a Raúl Alfonso Cardozo Nuncira en el marco de un escándalo de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social, que involucra recursos por $25 mil millones. En este proceso también está vinculado su papá, el exalcalde Piedecuesta.
Además, a la Unión Temporal también ingresó como integrante la empresa de alcantarillado Empas, con el 12 %. La Empas era gerenciada en ese momento por Raúl Cardozo Navas, sobrino del exalcade de Piedecuesta y quien se encuentra prófugo de la justicia, que lo busca por el entramado de corrupción en el DPS.
Otro que amplió su buena racha fue el excongresista Fredy Anaya, que con Polo Construcciones SAS (antes López Morales y Cia), tuvo el 12 % en la Unión Temporal del acueducto de Vélez. Finalmente, Ingecol repitió con el 1 % de participación.
Tras la adjudicación, la Unión Temporal Plan Maestro 2015 recibió un anticipo de $10.833 millones, correspondientes al 40 % del valor inicial del contrato.
Una obra eterna
Aunque el plazo inicial para la ejecución de las obras del Acueducto de Vélez era de 12 meses, es decir en noviembre del 2016 ya la capital de la provincia debía contar con el suministro de agua potable, hoy, seis años después de la fecha límite el proyecto de obra solo tiene un avance físico de 80.09 % y financiero del 90 %, es decir, $21.600 millones.
Además, al contrato ya le adicionaron $4.936 millones correspondiente al 16 % del valor total.
Según la Esant, la obra no ha podido avanzar debido a falencias de funcionalidad de las válvulas en el sistema existente del acueducto para la modelación hidráulica del sistema, por lo que es necesario realizar la reubicación de las válvulas o estaciones reguladoras de presión estipuladas en el proyecto. Así como la gestión predial por parte del municipio en la vereda Los Ejidos.
Si bien la Esant contempla que para septiembre del 2024 ya estaría lista la obra no descartan nuevos aplazamientos. La nueva fecha para la terminación del acueducto sería julio del 2024.
“A la fecha el contrato de obra se encuentra en ejecución y con una fecha de terminación para el día 9 de septiembre de 2024, fecha que se está analizando un adicional del plazo de acuerdo con las actividades faltantes y a la complejidad del proyecto, por ende, no se ha terminado ni liquidado”, agregó la Esant en respuesta a la Unidad Investigativa de Vanguardia.
Sin interventoría
A pesar de los evidentes retrasos, la Unión Temporal Interventoría Vélez 2015, consorcio encargado de la auditar las obras no ha hecho ningún reparo de fondo. La interventoría es representada legalmente por Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, socio del exasesor de despacho de Richard Aguilar, Julián Jaramillo, quien meses atrás aceptó cargos por corrupción. Tanto Dulcey como Jaramillo son cercanos a Raúl Cardozo Navas quien hace parte del consorcio contratista del acueducto de Vélez con las firmas de sus familiares.
Al igual que en proyecto del fallido acueducto de Los Santos, las firmas: Osuca SAS 89 %, y Construcciones Deico Ltda 1 %, también hacen parte de la interventoría, esta vez de la Unión Temporal Interventoría Vélez 2015.
Landázuri, el más atrasado
El cuatro de diciembre del 2015, en los últimos días del gobierno de Richard Aguilar, el gerente de la Esant, Edwin Ballesteros, suscribió el contrato de obra 287-2015 con la Unión Temporal Acueducto Landázuri, para la “construcción del Acueducto Regional del río Quirata, en el municipio de Landázuri”, por valor de $4.346 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.
La Unión Temporal Acueducto Landázuri tampoco estuvo ajena a controversias y contratistas de dudosa reputación. El consorcio de empresas está conformado por Ciamign Ltda, empresa propiedad del excontratista Lenin Pardo, quien, junto con su esposa la exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo, desde hace varios años colabora con la justicia en el proceso penal que la Corte Constitucional adelanta contra el exgobernador Richard Aguilar por supuestos hechos de corrupción en la contratación pública. Pardo es procesado penalmente por las irregularidades en la ejecución de las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga por $24 mil millones.
Así mismo, la firma Procinco Ingenieros, fundada por Julián Libardo Jaramillo Díaz y Pedro Mauricio Beltrán Dulcey en septiembre del 2011, sin embargo, en diciembre del 2011, a unos días de comenzar el gobierno Aguilar, Julián Jaramillo le cedió sus acciones a Orfa Milena García Quintero, esposa de Dulcey. Procinco tiene el 48 % de la Unión Temporal.
“Como requisito para que dicho contrato me lo adjudicaran, yo debía comprometerme a realizar un pago del 15% sobre el valor total, exigencias que en ese momento me hizo el señor Ballesteros Archila”, confesó el excontratista.
Finalmente, Ingecol, empresa en liquidación, vuelve a aparecer con el 1 % de participación accionaria al igual que en Vélez y Los Santos.
El contratista recibió un anticipo de $1.738 millones, correspondientes al 40 % del valor inicial del contrato.
Aunque en diciembre del 2016 el acueducto ya debía estar funcionando en Landázuri, hoy, ocho años después, la obra solo registra un avance del 60 % en su infraestructura y del 57, 81 % en temas financieros.
Al igual que en los contratos de Los Santos y Vélez, el proyecto de acueducto de Landázuri está supervisado por firmas amigas. Es así, como el Consorcio Interventoría Landázuri, integrado por Luis Orlando suárez Molina y Mauricio Alberto Santos Rey, Sanrey Ingeniería, ambos contratistas de la administración del Richard Aguilar, son los encargados de la interventoría.
La Esant ha informado que debido a la falta de gestión predial de la alcaldía, el proyecto en Landázuri no ha podido avanzar.
Pardo testificó ante la Fiscalía que Edwin Ballesteros le cobró el 15% de coima para adjudicarle el contrato para el acueducto del municipio de Landázuri, por valor de $4.346 millones. Es decir, debía transferir irregularmente unos $656 millones para que le fuera entregado el contrato.
“Falta de voluntad política”
Al ser consultado por Vanguardia, el exgerente de la Esant, Edwin Ballesteros, aseguró que todos los contratos firmados bajo su administración están revestidos de legalidad y estuvieron sustentados con estudios serios y reales.
“A mí me continúan achacando todos los males en materia de saneamiento básico y acueductos en Santander, pero es que yo terminé la gerencia en diciembre del 2015 después de haber logrado una inversión histórica para el Plan Departamental de Aguas de Santander. Ahora, ya han pasado dos gobiernos, dos gerencias más en la Esant y ¿no han logrado sacar adelante estos proyectos? Yo entiendo que existen algunos problemas con la gestión predial, que es una tarea de los municipios no de la Esant, pero no dejo de pensar que acá también hay mucha desidia de las administraciones, falta voluntad política para cumplir con estos proyectos. Ahora, ¿por qué proyectos como los de Málaga, Barichara o Lebrija, entre otros, que no fueron suscritos por mí, tampoco han sido construidos? solo que todo me lo quieren chutar a mí”, respondió Ballesteros.
Barichara y Málaga, con acueductos en veremos
Los municipios de Barichara y Málaga continuarán sin acueducto en el corto plazo debido a que en estas poblaciones ni siquiera ha comenzado la ejecución de las obras.
En junio del 2021 la Esant liquidó anticipadamente el contrato de obra pública 197 de 2019 para la “ampliación y optimización línea de aducción y conducción sistema de acueducto El Jaimito, municipio de Málaga”, por valor de $3.064 millones y un plazo de ejecución de ocho meses.
El contrato ya se le había adjudicado y firmado a la Unión Temporal El Jaimito, integrada por: Macam SAS, y Miguel Guillermo Camacho Carvajal.
Pero sin duda, el caso más grave se presenta en Barichara donde después de 12 años de haber sido firmado el contrato por más de $10 mil millones con el Consorcio San Jerónimo aún no se ha puesto ni una sola piedra para la construcción del acueducto del municipio.
En visita a Bucaramanga el año pasado, la ministra de Vivienda, Ciudad y Desarrollo, Catalina Velasco, anunció la viabilidad técnica por parte de su cartera a un proyecto presentado por la Gobernación de Santander.
Se trata del acueducto que abastecerá de agua potable a Barichara y Villanueva, en la provincia de Guanentá, que tendrá un valor de unos $38 mil millones.
“Viabilizar técnicamente un proyecto de este tamaño lleva tiempo, hay que revisar estudios y hacer los diseños. Ya con el ‘OK’ del Ministerio, el proyecto entra a fase de financiación y toca revisar cómo se hace”, explicó Velasco.
