Como un “abuso de autoridad”, un “atropello” y una “extralimitación de funciones” han sido calificados los operativos de desalojo de las casetas del centro, y de otras zonas de Bucaramanga, que están realizando los inspectores del Departamento Administrativo de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga.
Aunque los dueños de estas casetas tienen documentos que los certifican como propietarios de estos puntos de expendio y que, por ende, los certifican para funcionar en los sitios en donde se encuentran establecidos, los inspectores han procedido con los respectivos desalojos.
Uno de los más afectados con esta situación es Santos Ortiz, quien tenía su caseta en la calle 36, entre las carreras 15 y 16.
“Es inadmisible que me cierren mi puesto de trabajo, sobre todo sabiendo que tengo los permisos en regla y que incluso hay normativas, aprobadas desde el Concejo de Bucaramanga, que certifican la legalidad del oficio que desempeño desde hace décadas”, dijo.
Según Pedro Pablo García Salazar, representante del Sindicato de Vendedores de Periódicos, Revistas, Confitería, Refrescos y Similares, Sivoprensim, organización que agremia a los 80 dueños de casetas de la capital santandereana, “no entendemos el por qué de la persecución de la administración local, que insiste en desalojar las casetas de revistas y periódicos. Esto es un atropello”.
Del mismo parecer es Hernando Lizarazo, quien por años tiene su caseta legal en inmediaciones del Parque Centenario, de manera específica en la carrera 18 con calle 31: “Se está cometiendo un abuso con todos nosotros. Nos están violando nuestros derechos al emitir las respectivas órdenes de desalojo, desconociendo la normatividad y nuestros documentos”, expresó.
María Delgado, la vendedora de revistas más antigua que tiene Bucaramanga, quien este año cumple 39 años laborando en la carrera 14, entre las calles 35 y 36, también está preocupada: “Junto con mi esposo, hemos sacado adelante a nuestros hijos vendiendo en este lugar y al amparo de los documentos legales que solidifican las bases de nuestra caseta”, denunció.
Ella dice que está agremiada al Sindicato de Vendedores de Periódicos, Revistas, Confitería, Refrescos y Similares, “y a través de esta entidad vamos a hacer defender nuestros derechos, así muchos inspectores del espacio público no encuentren inconveniente alguno en irse lanza en ristre contra nosotros e intenten desalojarnos”.
En palabras del abogado Camilo Rodríguez Camargo, quien ha liderado las mesas de concertación entre los vendedores y el Municipio, “desde 1977 el oficio que desempeñan los vendedores de periódicos, revistas y otros productos está amparado por la ley, de manera precisa, con los Decretos Nos. 093 y 197”.
“Lo anterior sin contar dos acuerdos del Concejo, los 073, 026 y 020, que ratificaron los avales para trabajar en zonas específicas del centro y otros puntos claves de Bucaramanga”, añadió.
Según Rodríguez Camargo, “los inspectores se extralimitan y abusan de su autoridad, al pretender despojar a estas personas de sus pertenencias”.
Con los operativos que está ejecutando el Municipio, sobre la Alcaldía de Bucaramanga arreciará una ‘lluvia de demandas’ por no respetar los derechos de los vendedores”.
De acuerdo con Manuel José Torres González, director del Departamento Administrativo de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga, “estos operativos están amparados con el Plan Maestro de Espacio Público, PMEP, que promueve el Gobierno Local”.
Sin embargo, para María Esther Meza, otra dueña de caseta que está afectada por esta problemática, “es absurdo que con el cuento de una campaña de recuperación del espacio público, en lugar de sacar a los vendedores informales la Alcaldía pretenda expulsarnos a nosotros, quienes sí tenemos los papeles en regla”.
El Municipio, por su parte, afirma que “en el caso de las casetas sólo se pretende la restitución del espacio público invadido, una medida que debe estar acorde con el nuevo lineamiento urbanístico que tendrá el centro”.
“Los cambios siempre generan resistencia, pero con el apoyo de las mayorías se saca adelante una iniciativa que propicia entornos más amables en el marco de la estrategia del Plan Municipal del Espacio Público”, aseguró uno de los inspectores.
Ya se han desarmado las casetas de los siguientes vendedores formales: Pedro Pablo García, en la calle 35, entre las carreras 16 y 17; Ana Rosa Jaimes, en la carrera 20, entre las calles 34 y 35; Santos Ortiz, en la calle 36, entre las carreras 15 y 16; y José del Carmen Pimiento, en el sector de la Plaza Guarín. Una caseta más fue desarmada en inmediaciones de la Iglesia del Perpetuo Socorro, a la entrada del barrio San Miguel.
Ellos son seis dueños de casetas afectados: Pedro P. García, María E. Meza, María Delgado, Hernando Lizarazo, Héctor R. Díaz y Carlos J. Colmenares.
VOCES DE LOS AFECTADOS
Alirio Rojas: “Llevo más de 15 años con mi caseta, aquí en la calle 36 con carrera 16. No entiendo por qué quieren quitármela si yo soy el dueño legal, tengo papeles y no estoy violando ninguna ley”.
Pedro Pablo García: “Si la Alcaldía de Bucaramanga insiste en expropiarnos nuestras casetas, tomaremos las vías de hecho. No se trata sólo de la violación al derecho al trabajo, sino de una extralimitación de funciones por parte de los inspectores de espacio público”.
María Delgado: “No entiendo las razones oficiales que esgrime el Municipio para sacarnos. Yo tengo derecho a estar en mi puesto, soy la propietaria de la caseta y, además, los acuerdos municipales me amparan”.
