Problemas como desaseo, contaminación auditiva, falta de espacio para caminar y conducir vehículos, entre otros, son señalados por habitantes de Cabecera, quienes reportan aumento y falta de acciones contundentes para el control de las ventas callejeras en dicho sector.
Las coloridas sombrillas que suelen instalar los vendedores informales para la protección de sus productos se multiplican en varios espacios públicos de este tradicional vecindario de la capital santandereana.
En palabras de habitantes del sector, “pareciera que las ventas del Centro se hubieran trasladado a Cabecera”.
Los negocios informales de comidas, frutas y verduras y prendas de vestir, entre otros productos, se extienden a lo largo y ancho de andenes y corredores viales.
Por ejemplo, anteriormente se contabilizaba menos de una decena de ventas callejeras sobre la calle 51, en las afueras del parqueadero del Centro Comercial Cuarta Etapa. Actualmente, dicha cifra supera los veinte vendedores.
Este es uno de los puntos en donde la problemática se acrecentó y en donde las dificultades en materia de movilidad empeoran con el paso de los días, tanto para peatones como para conductores, debido a la permanente invasión del espacio público.
“Las ventas de fruta en la salida peatonal del Éxito obstaculizan el paso, y no permiten que la gente pueda tomar los taxis”, manifestó uno de los residentes afectados.
Las quejas también advierten que esta proliferación de ventas callejeras en Cabecera impacta negativamente escenarios como el parque San Pío, y corredores de gran concurrencia como la carrera 33, sobre todo entre calles 52 y 45.
Otro de los puntos afectados, conforme con los reportes ciudadanos, es la neurálgica ‘Cuadra Play’. Los vecinos de la zona informan que existe un considerable aumento en el número de vendedores informales de comestibles como pinchos o chuzos, mazorcas, perros calientes, entre otros.
El humo que generan las parrillas de los vendedores, además de los roedores y cucarachas que atraen los restos de comida, son algunas de las afectaciones señaladas por la comunidad. De hecho, el año pasado las autoridades sancionaron a cerca de 15 vendedores por vender comida no apta para el consumo humano.
De acuerdo con los datos oficiales del Municipio, Cabecera es uno de los puntos críticos en materia de ventas informales. Caracterizaciones realizadas por la Alcaldía identificaron más de 1.500 vendedores en las calles del Centro de Bucaramanga, incluyendo sectores como Cabecera y San Francisco, y puntos como La Calle de Los Estudiantes, en total se calcula que existen más de 2.200 ventas callejeras en la capital santandereana.
Desde el comienzo de la presente vigencia habitantes y líderes comunales de Cabecera han advertido el creciente problema de las ventas informales.
“No se han tomado acciones por parte de la Alcaldía. El sector parece un mercado persa. Estamos perdiendo los espacios públicos. Con el actual y el anterior alcalde no avanzamos nada, la problemática empeoró”, indicó Milena Manosalva, edil de la Comuna 12.
Una de las acciones que solicita la comunidad es una caracterización e identificación de los vendedores presentes en la zona, con el fin de que se lleve un control y se prevenga el crecimiento desordenado de esta población.
¿Qué pasó con los controles?
En enero pasado, desde la Alcaldía de Bucaramanga se anunciaron intervenciones especiales para el control y recuperación de 16 puntos y zonas críticas por ventas informales en la ciudad.
No obstante, la comunidad advierte que hasta la fecha tal estrategia no ha impactado a Cabecera.
Además de controles, el Municipio también prometió ofertas de programas institucionales con el fin de tratar de formalizar a los vendedores que ocupan andenes y vías.
Q’hubo trató de conocer qué sucedió con la ejecución de las acciones que se anunciaron hace más de tres meses, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo respuesta.
El descontento de la población frente a la continua invasión del espacio público ha generado numerosas demandas contra el Municipio.
De acuerdo con las estadísticas más recientes, al cierre de 2022 el Municipio enfrentaba 14 procesos judiciales, como acciones populares, interpuestas por personas que reclaman la recuperación de plazoletas, vías y andenes.
Según la Defensoría del Espacio Público, la mayoría de los casos se registran “por parte de vendedores informales, ya sea por la instalación de casetas, construcción de ramadas o solo con la instalación de artículos para venta, conducta que vulnera el derecho al disfrute, goce y libre acceso”.
