Como parte de una ofensiva nacional para afectar el patrimonio de los presuntos responsables en hechos de corrupción, ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con el apoyo de personal del CTI y unidades del Ejército Nacional, ocuparon 184 bienes avaluados en algo más de 69.000 millones de pesos.
Las diligencias se realizaron durante la última semana en Bogotá; Santa Marta y Gaira (Magdalena), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Tunja, (Boyacá), Restrepo y Villavicencio (Meta), Pasto y Tumaco (Nariño), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Melgar (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Valledupar y San Marcos (Cesar), Maicao y Fonseca (Guajira); Ricaurte, Funza, La Calera, Chía y Cajicá (Cundinamarca); Sabaneta, Bello y Rionegro (Antioquia); Soledad, Juan de Acosta y Barranquilla (Atlántico).
Las propiedades afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión son 137 inmuebles, 1 sociedad, 3 establecimientos de comercio, 38 vehículos y 5 cuentas bancarias.
Todos los activos fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, en el entendido de que habrían sido adquiridos con dineros producto de actos de corrupción o pertenecería a los principales implicados en casos de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores.
