Aunque hasta el momento la Fiscalía no había confirmado la acción judicial, el exgobernador Didier Tavera, le confirmó a Vanguardia que la Fiscalía había realizado un embargo sobre una de sus propiedades al parecer en el marco de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por las presuntas irregularidades en el PAE Santander 2016.
“Efectivamente la Fiscalía intervino mi apartamento en Bucaramanga. Hasta el momento no me han notificado de las razones por las cuales ordenaron ese proceso, eso es reserva cuando lo notifiquen sabremos”, indicó Tavera.
Según la versión de Tavera Amado, miembros del CTI de la Fiscalía intervinieron la propiedad del hoy Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, DNP, en el conjunto Sierra Imperial, ubicado en Cabecera, al oriente de la ciudad.
Por ahora la Fiscalía no ha revelado públicamente los motivos por los cuales embargó el predio del exgobernador de Santander.
La investigación
En noviembre del 2017, y tras las denuncias de Transparencia por Santander y Vanguardia, la Fiscalía General de la Nación anunció desde Bucaramanga anunció el comienzo de varias actuaciones penales en contra de funcionarios y contratistas de la administración de Didier Tavera Amado, por las irregularidades en la contratación y operación del PAE Santander en el 2016, el cual comenzó costando $23 mil millones y terminó valiendo más de $35 mil millones.
“En Santander fueron detectadas presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por un valor inicial de $23.844 millones, en 82 municipios no certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes”, indicó en su momento la Fiscalía.
En Septiembre del mismo año se realizó una adición de $6.700 millones y posteriormente se presentó una nueva adición por $5.200 millones, de tal manera que el valor total del contrato ascendió a$35.744 millones.
En medio de su investigación el ente acusador señaló que había hallado irregularidades como el pago de tamales por valor de $30 mil pesos la unidad; la compra de alimentos a empresas de transporte y el desvío de parte del pago de las facturas del PAE para comprar apartamentos, entre otras inconsistencias.
Actualmente avanza el juicio penal en la Corte Suprema de Justicia en contra de Tavera Amado, por dichos hechos.
