La solicitud fue hecha por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa de la Península de Barú, que generó revuelo en la justicia nacional e internacional ya que Pecci era un fiscal especializado en narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que había participado en importantes casos como “A Ultranza Py”, la operación de lavado de dineros del narcotráfico más grande en la historia de Paraguay.
En la misiva, el Ministerio Público pide a la Alcaldía de Cartagena que se suspenda el uso de las playas de Playa Blanca, Cholón y otras áreas hasta que se garanticen las condiciones para su uso.
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De acuerdo con el órgano de control esto significaría la “caracterización y señalización de las playas, vigilancia y y seguridad para las mismas, reglamentación del uso, regularización de las actividades, y la protección efectiva y real del medio ambiente en zonas de playa y bajamar, con la puesta en marcha de un plan de manejo ambiental”.
La Procuraduría también solicita que “exista una definición y control de la capacidad de carga de las playas, garantizando servicios de asistencia médica y de primeros auxilios, ambulancia marítima, servicios de rescate y guardavidas, protección efectiva de los usuarios de los servicios, control real de embarcaciones de turismo y motonaves de recreación, control sanitario efectivo, que incluya bebidas y alimentos”.
