Edwin Ballesteros Archila fue formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades que se habrían dado en la celebración de contratos mientras estuvo al frente de la Esant, entre noviembre 2013 y enero de 2016.
El ente acusador encontró «suficientes elementos» que demostrarían la posible participación del excongresista en 12 conductas ilegales relacionadas con los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concusión, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
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«La Fiscalía estableció que el entonces gerente de la Esant, al parecer, hizo parte de un acuerdo ilícito en el que se comprometió la contratación de la Gobernación de Santander de la empresa de servicio públicos para que quedara en manos de algunas personas específicas, a cambio de dávidas», explicó el ente acusador.
La presunta responsabilidad de Ballesteros Archila se habría presentado en al menos cuatro contratos.
