En medio de las investigaciones por la presunta red de corrupción en contratación durante la Gobernación de Richard Aguilar Villa, el CTI de la Fiscalía capturó en la mañana de este miércoles a tres personas.
El primero de ellos es Octavio Reyes Sarmiento, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, consorcio al que se adjudicó el millonario contrato para reforzar la estructura del Estadio Alfonso López en la administración de Aguilar Villa.
El contratista se habría acogido al principio de oportunidad ante la justicia en el proceso que cursa en contra de Richard Aguilar, exgobernador de Santander, y habría revelado detalles de cómo funcionaría la “empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos”, según la Fiscalía.
Otro de los capturados en Julián Jaramillo, mano derecha del exgobernador Aguilar, y quien aparentemente era quien se encargaba de los direccionamientos en los contratos de infraestructura.
Julián Libardo Jaramillo Díaz fue uno de los primeros nombramientos de Aguilar Villa en la Gobernación de Santander, como miembro del ‘Comité Asesor’, un grupo creado por Aguilar para tener injerencia en toda la contratación de la administración, en representación del exgobernador.
Una vez desaparecido dicho comité, en octubre del 2013, Aguilar Villa lo nombró como Director de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación, cargo que fue creado ese mismo día por Aguilar Villa.
Desde ahí, Jaramillo conformó su propio equipo para direccionar contratos de obras desde la administración departamental, de acuerdo con las investigaciones.
Julián Jaramillo, hijo de Libardo Jaramillo, procesado penalmente por temas de corrupción en el ‘Carrusel de contratos en el Imebú’, llegó a la administración de Aguilar Villa luego de vender su participación accionaria en las empresas Construmarca e Impregráficas a Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán, socio de Julián Jaramillo.
Por las presuntas irregularidades en la contratación, desde el pasado 28 de julio el exgobernador Richard Aguilar.
La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 8 de febrero la continuación de la audiencia de acusación al exgobernador Aguilar.
El caso
El reforzamiento del estadio Alfonso López fue una de las últimas ‘megaobras’ contratadas por la administración de Aguilar Villa. Este contrato terminó convirtiéndose en la ‘caja de Pandora’ sobre la red de corrupción que existía en la administración de Aguilar Villa, que hoy tiene al exgobernador respondiendo ante la justicia.
Según la información recaudada por la Fiscalía y la Corte, al igual que en otras licitaciones, el “staff de infraestructura” de la administración Aguilar se puso en marcha para lograr que el millonario contrato de las obras del estadio ($22 mil millones con adiciones) le fuera adjudicado a Octavio Reyes Sarmiento, amigo personal del exgobernador Hugo Aguilar, como lo había ordenado Julián Jaramillo.
Para tal fin, desde la administración Aguilar le suministró de manera anticipada el presupuesto que definiría el gobierno departamental para las obras del estadio y así Octavio Reyes elaborara el pliego de condiciones ajustado a su propio beneficio. Tarea que le fue encomendada a Andrea Carolina Núñez Castellanos, secretaria de Ingream SAS, empresa perteneciente a Octavio Reyes.
La propia secretaria de Ingream, Andrea Carolina Núñez reconoció ante la Corte que el presupuesto de obra del estadio le fue entregado a su jefe, Octavio Reyes, mucho antes de que el proceso licitatorio iniciara.
Además del contrato del estadio, Ingream, participando en consorcios, recibió otros seis contratos con la Gobernación todos durante la administración de Richard Aguilar por valor de $800 millones. Además de los contratos por cerca de mil millones recibidos por la Esant, gerenciada en ese entonces por Edwin Ballesteros.
