Además al menos 2.000 personas estarían en riesgo de desplazamiento.
Ante esta situación la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación frente a lo que está sucediendo, pues además de los homicidios reportó “amenazas, retenciones ilegales, desplazamientos masivos y riesgo de desplazamiento forzado en municipios de frontera, específicamente en Tame, Fortul, Saravena y Arauquita”.
Por esta razón la entidad instó a las autoridades regionales a activar las instancias pertinentes para atender y proteger a la población civil.
Bajo esta misma línea se pronunció la Diócesis de Arauca quien pidió que se «deje a la población civil por fuera de las confrontaciones y hostilidades, aplicándose en todo el Derecho Internacional Humanitario» y solicitó a las autoridades que «verifiquen los hechos y se empeñen por proteger la vida e integridad de la población de los lugares en donde se estarían presentando las confrontaciones».
Ante esta grave situación de orden público también se pronunció la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., quien hizo un llamado a “asegurar el respeto al #DIH y a los #DDHH, en particular a la protección de la población civil; a activar los planes de contingencia necesarios y medidas que permitan cumplir las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría”.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES
La Octava División del Ejército informó que inmediatamente se conocieron estos hechos, se llevó a cabo un consejo de seguridad con la participación de todas las autoridades civiles y militares, lideradas por los alcaldes de los municipios de Tame y Saravena, Arauca.
Agregó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional pondrán en marcha un dispositivo especial de seguridad que será trasladado a la zona para coadyuvar a las autoridades competentes, y dar inicio a las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer lo sucedido.
Por último la Octava División del Ejército dijo que las operaciones militares del Ejército continuarán de manera sostenida y contundente de la mano con las demás autoridades desplegadas en el departamento de Arauca, con el principal objetivo de proteger a la población civil.
