La financiación de las campañas presidenciales –que arrancarán oficialmente el 29 de enero– no tendrá que salir exclusivamente del bolsillo de cada candidato, por lo que es legal ante los ojos del Consejo Nacional Electoral (CNE) optar por la utilización del popular método del financiamiento colectivo, o crowdfunding, a través de una plataforma web.
En Colombia ese método es conocido comúnmente como “hacer vaca” y algunos de los sitios más populares para ese fin son Vaki, Yoapoyo, Skyfunders, Help y Littlebigmoney. A pesar de que se trata de una aparente buena causa, al usarse para fines de financiación política, este mecanismo tendrá que ser vigilado para evitar la filtración de dineros de procedencia ilícita.
Alternativa legítima
Dos de los actuales precandidatos presidenciales están familiarizados con este método de recolección de fondos: Alejandro Gaviria y Francia Márquez. Ambos recurrieron a la plataforma Vaki para tratar de conseguir apoyo monetario de los ciudadanos para cubrir los gastos del proceso de recolección de firmas, que concluyó el pasado 17 de diciembre.
Gaviria, quien no tiene aval de ningún partido actualmente y entregó 1,2 millones de firmas, se fijó la meta de recolectar $800 millones y alcanzó a recaudar $22,5 millones. Por su parte, Márquez tenía la meta $200 millones y alcanzó $54,1 millones en donaciones, aunque finalmente desistió de recolectar y entregar las firmas y consiguió aval de los partidos Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y el Polo Democrático.
En ambos casos las listas públicas de la plataforma muestran “aportes anónimos”, concepto que puede poner en aprietos la financiación de las campañas presidenciales que se avecinan, aunque esos recursos técnicamente no fueron para las campañas, sino para cubrir gastos de recolección de firmas.
Ante esa alerta, desde Vaki se aclaró en un foro realizado recientemente que en su caso tiene claras las exigencias de ley y por eso “cada aportante debe entrar y crear un usuario y tiene que dar toda su identificación”. Así, aseguran, se garantizará que el candidato que recaude fondos tenga la identificación plena de cada persona. Es decir, si bien en el listado público no aparece toda la información, ese insumo sí estaría disponible para rendir cuentas.
Sobre esa situación, el abogado y consultor electoral, Alfonso Portela, le aclaró a este diario que ese tipo de obtención de recursos con esas plataformas de donantes es legal y es considerado como financiación privada, pero advirtió que se debe hacer una labor rigurosa sobre la información del aportante, ya que debe estar claro cuál es la procedencia del dinero para evitar así la eventual filtración de recursos de procedencia ilícita.
En ese sentido, apuntó que los aportes anónimos están prohibidos. “Si alguno de los candidatos recurre a este mecanismo, no podrá tener ningún aporte anónimo a la campaña. Este proceso tiene un protocolo establecido para recibir los aportes y lo principal es constatar de dónde provienen los recursos y quién es el que los aporta. Todo eso tiene que estar reportado en Cuentas Claras y registrado en los libros de la campaña presidencial”, explicó Portela.
Riesgo de corrupción
El concepto de “aportes anónimos” no será válido para ningún candidato. La entrada de este tipo de plataformas de financiación se ha traducido en un llamado de atención a las autoridades para que estén alertas y garanticen una vigilancia minuciosa, que evite la filtración de cualquier recurso ilegal.
“La plataforma tiene funcionalidad de instrumento de recolección de fondos, pero las reglas siguen siendo las mismas para todos. Por eso, las autoridades electorales tendrán que vigilar que los aportes sean hechos por personas totalmente identificables, ese proceso debe tener todo el rigor del caso”, agregó Portela.
De no cumplir estas exigencias, las autoridades electorales tendrán que investigar y considerar eventuales sanciones a los candidatos que incurran en irregularidades
