Luego de acoger observaciones enviadas por la Procuraduría, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, confirmó que la exguerrilla de las Farc, en forma de castigo, sometió a sus víctimas a esclavitud y trabajos forzosos de manera sistemática durante el conflicto armado.
La inclusión del concepto de esclavitud dentro de la jurisdicción especial fue dada a conocer este viernes por medio del Auto 244, el cual detalla que, por este hecho, los miembros del Secretariado de las Farc deberán reconocer ante la JEP que incurrieron en dichos crímenes de lesa humanidad dentro de su política de secuestro.
Por tanto, Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Felix Muñoz, alias Pastor Alape; Pablo Catatumbo; Milton de Jesús Toncel y Jaime Alberto Parra, en calidad de integrantes del Secretariado, podrían ser encontrados responsables de esclavizar a campesinos, militares, policías y demás personas.
Este punto sobre esclavitud hizo parte de las observaciones que a principios de año la Procuraduría le entregó a la JEP. Hasta ese momento, el Ministerio Público documentó cerca de 70 casos en los que los secuestrados fueron obligados a realizar trabajos forzosos como transportar guerrilleros o dedicarse a actividades agrícolas como castigo.
En respuesta a esta sugerencia, la JEP explicó que, en efecto, “las Farc cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones graves de la libertad”, es decir, trabajos forzosos y esclavitud.
De acuerdo con Jairo Acosta, procurador delegado ante el tribunal especial, la decisión que toma la JEP de avalar las sugerencias del Ministerio Público va en el camino correcto, ya que hay suficientes testimonios que comprueban que los trabajos forzados y esclavitud hicieron parte del actuar de las entonces Farc.
Y como estas situaciones que son violatorias según el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, la JEP decidió reconocerlas dentro del Caso 01, relacionado con el secuestro.
Política generalizada
La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció que estos crímenes de guerra no solo se hicieron reiteradamente sino que formaron parte de un plan que utilizaron las Farc con los secuestrados en todo el país. No obstante, este no tuvo las mismas dinámicas en cada bloque guerrillero.
En el documento de 99 páginas –en poder de EL COLOMBIANO–, el tribunal de justicia transicional describió que, por ejemplo, el Bloque Sur (que operaba en lugares como Nariño, Cauca, Putumayo) forzó a los secuestrados a trabajar por no haberles pagado las sumas de dinero que les pedían.
Por el lado del Bloque Oriental, este los obligó a manejar canoas, carros y camiones para transportar heridos. Tanto así que una enfermera que trabajaba en el Hospital de Miraflores, Guaviare, fue llevada a la fuerza para que curara a combatientes en enfrentamientos.
Otros fueron los patrones en los bloques Caribe, Noroccidental, Occidental y Magdalena Medio, pues este último incluso obligaba a las mujeres a cocinar para las exFarc, y a los hombres a raspar coca durante su cautiverio.
Para la Sala, todo esto “sí hizo parte del ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil”, ya que la imposición de trabajos forzados por parte de comandantes de las Farc, sumada a los malos tratos, se derivan de la vulnerabilidad y sometimiento a los que estaban expuestas las víctimas.
Luis Eduardo Celis, analista experto en conflicto armado, cree que si la JEP considera que estos altos jefes de las Farc deben responder por ese crimen, ellos van a tener que hacerlo en las declaraciones que adelanten ante la justicia transicional.
Según él, los miembros del Secretariado están compareciendo, “y si les imputan eso tendrán que responder”. Lo que sigue es el debido proceso y las garantías.
Sin embargo, el anuncio no fue solo en esa vía. En la documentación que revisó durante este año, la JEP no encontró que la Procuraduría hubiera incluido información que permitiera concluir que las Farc incurrieron en la venta de secuestrados.
Lo que sí encontró es que la guerrilla entregó “comisiones” a grupos de delincuencia común que les llevaban secuestrados, “sin que ello tenga los elementos fácticos de una venta”.
Pero el auto presentado por la JEP este viernes no solo determinó la esclavitud como crimen de lesa humanidad dentro de esa jurisdicción.
Además, el Ministerio Público no fue el único que hizo pedidos. En efecto, la Comisión Colombiana de Juristas solicitó un análisis de por qué las Farc torturaban a las personas, ya que en el Auto 19 de 2021 no estaba explícito ese propósito. Esa petición fue desestimada, ya que la Sala encontró que sí se caracterizaron conductas respecto a ello.
¿Qué viene?
En cuanto al crimen de esclavitud, la JEP le dio al secretariado de las Farc 10 días –a partir de este 5 de noviembre– para que reconozca dicha conducta.
El Colombiano conoció que los jefes guerrilleros ya habían asumido –dentro del Auto 19– un delito similar llamado trato cruel, inhumano y degradante. Y como reconocieron ese, puede que bajo este concepto también lo hagan y siga en pie la audiencia de reconocimiento.
No obstante, otras posibilidades son que lo acepten pero sin la figura de “esclavitud”; o que no reconozcan responsabilidad alguna y pasen a la Unidad de Investigación y Acusación.
Las sanciones que salgan de todo esto son clave porque si la Corte Penal Internacional encuentra que la JEP no garantizó el derecho de las víctimas, podría activar su competencia en el país.
