La próxima semana se conocería si existe o no la declaratoria de caducidad en el contrato de concesión que se firmó para ejecutar las obras de cuarta generación de la vía Bucaramanga – Pamplona, proyecto que registra considerables atrasos por parte del concesionario.
En entrevista con Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Q’hubo conoció que en estos momentos está en marcha y a punto de culminar un proceso sancionatorio en contra de la Autovía Bucaramanga Pamplona, responsable de los trabajos de construcción.
De acuerdo con lo indicado por el funcionario, la idea es que en la semana entrante se tome una decisión de fondo en el marco de este procedimiento de sanción. De resultar desfavorable para el concesionario, el siguiente paso sería declarar oficialmente dicha caducidad del contrato, firmado por cerca de $1,4 billones.
Así como lo señalan veedores, expertos en contratación pública y ciudadanos en general, el Presidente de la ANI también considera que “el contratista ha incumplido de manera grave” en términos de obra y plazo.
Por ejemplo, uno de los retrasos más considerables existe en la Conectante C1-C2, una de las cuatro unidades funcionales que conforman este proyecto y que actualmente registra un avance cercano al 2%, a pesar de que su fase de construcción se inició desde agosto de 2019.
De hecho, ante las reiteradas denuncias y quejas ciudadanas sobre las obras de la vía Bucaramanga Pamplona, esta semana la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y le pidió a la ANI rendir cuentas sobre tal contrato.
“Son solicitudes que se hacen en el marco de las competencias de la Secretaría de Transparencia, para corroborar que un proceso se esté adelantando con total apego a la legalidad”, expresó Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, tras los requerimientos formulados desde la Presidencia.
¿En qué va el proceso sancionatorio?
Según el concesionario Autovía Bucaramanga Pamplona, la falta de recursos es una de las principales razones que originó los atrasos referidos. Dicha firma esperaba contar con respaldo financiero, pero “no hay entidad que preste los recursos para su construcción”, conforme con lo argumentado.
Es pertinente precisar que en 2015 la ANI expidió una resolución para declarar este proyecto vial como de utilidad pública, con el fin de que se pudieran generar intervenciones en predios.
El Presidente de la ANI explicó que “nosotros trabajamos muy duro para permitir y garantizar que el concesionario pudiera avanzar. Desafortunadamente el concesionario no ha cumplido con sus obligaciones, por eso iniciamos proceso sancionatorio. La próxima semana, seguramente, la decisión será tomada. Debemos ser muy cuidadosos porque hablamos de un proyecto billonario, no podemos decidir a la ligera. Después, probablemente, vendrán demandas y una serie de litigios, por eso debemos blindarnos bien de la determinación que se tome.
“La caducidad del contrato es la sanción máxima que existe en el ordenamiento jurídico colombiano. En estos momentos estamos concluyendo la etapa probatoria, previa a la decisión de fondo que debe seguir la entidad (ANI), conforme a la normatividad vigente de la Ley 80 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ). Un incumplimiento grave es el que origina la caducidad del contrato y estamos adelantando este proceso porque consideramos que el contratista ha incumplido de manera grave, como retrasos en el cronograma, obras e inversión”, precisó Gutiérrez.
¿El proyecto sería entregado o cedido a otro contratista o concesionario?
“Estamos adoptando una decisión administrativa y por lo tanto debo ser respetuoso del debido proceso. No me puedo pronunciar hasta tanto no adoptemos la decisión de fondo”, dijo el funcionario del Gobierno Central.
¿Qué pasará entonces con este proyecto?
Este contrato de concesión se firmó con un plazo de 34 meses para la ejecución de obras, y se proyectó que la vía Bucaramanga Pamplona estuviera lista en junio de 22.
“Queremos que el proyecto se ejecute. Por distintas razones, sobre todo en materia ambiental, este proyecto no se había podido iniciar. Hicimos todos los esfuerzos posibles y en este gobierno logramos el licenciamiento ambiental, en 2019, momento en el cual el contratista ya podía iniciar la obra. Garantizamos las debidas condiciones para la ejecución de este proyecto y lo que esperábamos era que el concesionario avanzara en las obras. Desafortunadamente el concesionario no ha cumplido”, señaló el Presidente de la ANI.
Dato: Solamente para hacer la Conectante C1-C2 se deben intervenir alrededor de 120 predios.
