Según el documento, la acción judicial buscaría tumbar el nombramiento de Carrasquilla como codirector del Banco de la República tras violar la ley de cuotas que le exige al Gobierno tener ocupados los cargos de poder con, por lo menos, una representación del 30% por parte de mujeres.
El lío se remonta al pasado 27 de agosto, fecha en que Carolina Soto Losada abandonó ese puesto tras trabajar por más de tres años en el Banco de la República. Soto renunció ante el presidente, Iván Duque, tras el lanzamiento de su esposo, Alejandro Gaviria, a la candidatura para la presidencia de Colombia.
Apenas tres días después, el pasado 30 de agosto, el presidente Duque anunció que, como reemplazo, nombraría a Carrasquilla para que fuera el nuevo integrante de la Junta; un hecho que causo revuelo por la manera en que salió el exministro tras su fallido intento de reforma tributaria que desató las movilizaciones sociales entre abril y junio de este año.
Así las cosas, la demanda plantea que el puesto que Carolina Soto dejó libre debería ser ocupado por otra mujer, y no por un hombre como decidió la Presidencia.
“El presidente de la República, Iván Duque Márquez, incumplió con los porcentajes de mujeres que debían pertenecer a la junta directiva del Banco de la República, en gran parte, porque, en estricto sentido, deben haber como mínimo dos mujeres en dicha junta para cumplir con el canon señalado en la Ley de cuotas para mujeres en el máximo nivel decisorio”, reza la demanda presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno Hernández.
Según detalló Moreno, que exista solo una mujer en un órgano de administración de 5 personas “marca un amplio margen de desigualdad de género” que se cataloga como inconstitucional, pues la Ley 582 del 2000 exige esa participación del 30 %.
En ese orden de ideas, la Ley dicta que la junta la deberían integrar 1.5 mujeres para que se cumpla con la representación femenina, por lo que, según argumenta Moreno, “ese número debería aproximarse a 2 para garantizar el aspecto teleológico de la Ley, que es precisamente crear los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a la que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público”.
Por ahora el Gobierno, Carrasquilla y el Banco de la República no se han pronunciado sobre el tema.
