Los municipios de Vetas, California y Suratá, en Santander, reúnen a cerca de 1.300 mineros tradicionales ancestrales de oro. Junto a sus familias son más de 15 mil personas. De ellos se estima que un 70 % no está formalizado, es decir, trabajan en socavones sin títulos mineros, en una actividad no reconocida por las autoridades.

Esos mismos mineros se reunieron este martes con delegados de los ministerios de Ambiente y Minas y Energía. En una ‘acalorada’ cita, desarrollada en el Coliseo de California, ambas partes expusieron sus argumentos sobre el futuro del territorio sin llegar a un acuerdo.

Aunque el encuentro se denominó “construir acuerdos en torno a alternativas mineras y el ordenamiento alrededor del agua”, la reunión se centró en una pregunta: ¿Qué efecto tendrá en la región el Decreto N° 044, que entró en vigencia en enero pasado, que crea las zonas de reservas naturales temporales?

Este Decreto N° 044 señala que una vez una zona es declarada como reserva, se prohibirá la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en dicha área. En uno de sus apartes se señala que las áreas delimitadas pueden “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”.

Posición de los mineros
El director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, Consotonorte, Fabio Maldonado, aseguró que este decreto condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que por años han intentado formalizarse en Santander.

“No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la Ministra de Ambiente cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga. Ellos no nos representan. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, se hace sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”, indicó Maldonado.

En tal sentido, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, expresó su preocupación por este decreto, que a su juicio pasa por encima de los acuerdos entre la comunidad y el propio gobierno alcanzados durante los últimos dos años en las mesas de delimitación del Páramo de Santurbán.

“Este decreto sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Ya no solo estamos sometidos a la desidia del Estado, que nos ha impedido formalizarnos, sino que nos quieren violar nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales. De un plumazo acaban con 400 años de minería tradicional en_Santander”, afirmó González.

En el mismo sentido, Daniel Maldonado, representante de la Asociación de Mineros Tradicionales de Suratá, rechazó la persecución sistemática a la minería en su territorio y las consecuencias de decisiones arbitrarias, que no tienen fines de protección ambiental y carecen de sustento técnico. “Somos mineros, y no queremos dejar de serlo. Todo esto es una estrategia para desacatar las sentencias de la Corte Constitucional para extender la delimitación del Páramo hasta Bucaramanga, y así acabar con la minería en nuestro territorio”, afirmó.

¿Qué dijo la Ministra de Ambiente?

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, explicó que el Consejo de Estado emitió una sentencia, luego de 10 años de litigio, que obliga al gobierno a organizar “el desorden de titulación minera en el país. En estos años se entregaron títulos en zonas donde hay determinantes ambientales (áreas de protección ambiental) sin consulta. Esa sentencia nos obliga a arreglar ese desorden…”.

La Ministra de Ambiente explicó que habrá deliberación y socialización con las comunidades para aplicar esas zonas de reserva temporal para proteger la cuenca de Soto Norte, pero entregó cifras de ese desorden en la entrega de títulos mineros en Santander.

“En un área 74 mil hectáreas (en Soto Norte) se entregaron 19 mil hectáreas de títulos mineros en zonas destinadas para la conservación del agua y recuperación ambiental. Tenemos una gran titulación minera de esta zona. Se debe organizar el territorio ya o, tendremos problemas con esos titulares mineros. Estas áreas de reserva ambiental no afectarán las zonas de formalización minera en Soto Norte”.

Justo en ese momento alguien del auditorio gritó que “en la región no hay más áreas para formalizar mineros. Entonces dónde se hará ese proceso, sino hay tierra…”.

Tal interrogante no se resolvió, porque regresaron los gritos y los señalamientos por parte de la comunidad al gobierno. La reunión terminó pasadas las cinco de la tarde, sin un consenso y con la afirmación contundente de la Ministra de Ambiente.

“Esta fue una reunión fallida…”, puntualizó la Jefe de la citada cartera ministerial.