Tras terminar su segundo periodo como director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, y recurriendo a las relaciones, poder burocrático y contractual logrado en la entidad ambiental, el empresario y político, que llegó a ser contralor departamental, Fredy Anaya Martínez, diseñó y puso en marcha un cuestionable mecanismo para gestionar el cambio del uso del suelo en zonas del área metropolitana de Bucaramanga con protección ambiental, que luego se convirtieron en multimillonarios negocios inmobiliarios, una práctica que se conoce como ‘volteo de tierras’.
Hoy Anaya es considerado uno de los hombres más ricos de la región. En la última década este negocio le ha generado ganancias por al menos $22 mil millones sin tener que invertir casi nada, pero con un incalculable daño ambiental para el área metropolitana de Bucaramanga.
La Unidad Investigativa de Vanguardia revisó las modificaciones que ha tenido el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) por parte de la Cdmb en los últimos diez años, identificando toda una línea de tiempo en la que Anaya Martínez ha actuado como asesor e intermediario en la modificación arbitraria de zonas del DRMI, a cambio de lotes, bajo la figura de dación de pago en especie, terrenos que con el tiempo vende en miles de millones de pesos.
En Santander la figura de Fredy Anaya es defendida en círculos políticos tradicionales en los que se mueve con facilidad. Tras haber sido elegido contralor pero luego suspendido de ese cargo, mantuvo su poder en el organismo de control fiscal. Se dice que actualmente está respaldando la candidatura a la Gobernación de Santander del exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, no solo buscando incidir políticamente sino con un objetivo fundamental: recuperar el control de la Cdmb y de paso su lucrativo negocio.
Cambios milagrosos
En enero de este año Vanguardia reveló como través de un presunto ‘’volteo de tierras’’ en Girón, una empresa propiedad de Anaya y su socio, Miller Castaño, logró hacerse a un lote que estuvo en zona de protección ambiental, luego fue destinado para la disposición de escombros, per en el que después de 13 años, hoy milagrosamente se desarrolla un multimillonario proyecto de 589 viviendas.
El botadero, que inicialmente tuvo un costo de $130 millones, el año pasado fue vendido (solo el 46 % de su propiedad), en $5.679 millones.
Aunque en escrituras el costo de la transacción de la venta había sido reportado en $5.679 millones, Vanguardia conoció que el pasado 30 de diciembre, tan solo ocho días después de haber recibido la licencia de construcción para el megaproyecto de vivienda, Fredy Anaya, a través de Proyectos e Inversiones El Parque SA, junto con Nitro Energy y Rental Solution, representadas legalmente por Fernando Gómez Franco y Luis Leonardo Silva (ambos contratistas de confianza y amigos personales del gobernador Mauricio Aguilar) radicaron con la escritura 3620 el contrato de transferencia del otrora botadero de tierra a un fidecomiso por valor de $12.486 millones, el costo real del predio.
La cuestionable estrategia de las daciones de pago
Pero la llegada de Fredy Anaya al millonario negocio de vivienda de Girón no fue fortuita. Según el archivo de la Cdmb, desde 1996 el predio adquirido por la firma Botadero de Tierra El Parque, que en 2022 cambió de nombre a Proinpark SA, se encontraba afectado por el Distrito Regional de Manejo Integrado, DRMI, como una “zona de recuperación para la preservación”.
De hecho, solo hasta el 2013, bajo la dirección de Ludwing Arley Anaya (ahijado de matrimonio de Fredy Anaya e integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Mauricio Aguilar cuando fue congresista), la Cdmb expidió el Acuerdo 1246 del 31 de mayo del 2013, mediante el cual se sustrajo de la limitación ambiental del DRMI el predio en mención.
Para la fecha de la sustracción del lote de la zona de protección especial, la empresa Botadero de Tierra El Parque era representada legalmente por Gustavo Adolfo Mantilla Oviedo, quien fue el jefe de planta de Aguas Residuales de la Empas en el año 2016, cuando fungía como director de la Corporación Martín Camilo Carvajal, aliado político de Anaya. Además, Mantilla Oviedo también fue coordinador de Residuos Sólidos en la Cdmb desde 1996 hasta el 2010, periodos en los que Anaya y Elvia Hercilia Páez, esposa del exsenador Bernabé Celis, estuvieron al frente la corporación.
Justamente un año antes de que el lote en cuestión hubiera sido extraído del DRMI, la firma Botadero de Tierra El Parque, a través de la escritura 1310 del 2 de agosto del 2012, decidió dividir en tres partes el lote rural.
En esa misma escritura, Botadero de Tierras El Parque le entregó en dación de pago a Fredy Anaya Martínez el derecho de dominio y posesión del 10 % del predio denominado ‘Globo 2’, de matrícula 31357452, equivalente a 7.809 metros cuadrados, por valor de $30 millones, por concepto de “servicios prestados en una asesoría jurídica y estudios para el mejoramiento del uso del suelo de ese terreno”, ubicado en el kilómetro 6 en la vía que de Bucaramanga conduce a Girón.
Una vez ingresó de manera directa en el negocio, en cuestión de años Anaya a través de su empresa Inversiones Colombia SJ SAS, junto con su socio Miller Castaño Padilla y sus firmas Petrolabin y Casai, se hicieron con el control total de las acciones de Botadero de Tierra El Parque, hoy Proinpark por valor de $12.486 millones y de paso entraron en el proyecto de vivienda, avaluado en más de $50 mil millones.
Un negocio redondo
Anaya y sus socios no se conformaron únicamente con el botadero para su megaproyecto de vivienda. En abril de 2012, a través de la escritura 1345 Olga Janeth Ramírez entregó otra porción en dación de pago a la firma López Morales y Compañía, hoy conocida como Polo Construcciones SAS, firma familiar de Fredy Anaya, su esposa, la exrepresentante Nubia López, y sus hijos Santiago y Andrés Felipe.
La dación de pago nuevamente se dio por la asesoría y gestión de Anaya Martínez por lograr que meses atrás la Cdmb, bajo la dirección de Elvia Hercilia Páez aprobara el Acuerdo 1194 del 22 de diciembre del 2010 (16 meses antes de la dación), mediante el cual se actualizó la cobertura del DRMI en la ciudad y excluyó a la propiedad en cuestión de la zona de influencia de protección ambiental.
Diez años después de recibir la dación de pago, según la escritura 3060 del 18 de noviembre del 2022, Fredy Anaya, por interemedio de Polo Construcciones, le vendió el 50 % de la propiedad a la firma Regent Energy Interenational, sucursal Colombia, por valor de $550 millones, $520 millones más que lo recibido por la asesoría, es decir, una ganancia de 1.833 %.
Actualmente sobre ese terreno se construye un centro comercial que lleva el mismo nombre y queda justo al lado del proyecto de vivienda que se desarrolla en el botadero El Parque (Proinpark SAS), denominado Ciudad San Juan.
El desenglobe millonario
Sin embargo, esta no era la primera vez que Anaya recibía daciones por sus asesorías para lograr la extracción de los predios afectados por el DRMI y multiplicar en miles de millones sus ganancias, en cuestión de meses.
El exdirector de la Cdmb ya había puesto en acción su lucrativo negocio de asesorías para el cambio del uso del suelo en al menos siete predios más en el Anillo Vial, entre Floridablanca y Girón, específicamente en una finca denominada Palmas de Mallorca, un predio de 39 hectáreas ubicado en el sector de Río Frío, que antes del 2013, contaba con afectación de protección ambiental, razón por la cual su costo comercial era nulo ya que no podía ser intervenido.
El 29 de diciembre del 2011, a través de la escritura Pública 5853, Jhony Castiblanco Mendoza, uno de los dueños de la Finca Palmas de Mallorca, le entregó en dación de pago al excontralor de Santander 151 metros cuadrados de la propiedad, por valor de $30 millones, por concepto de “pago de honorarios por asesoría jurídica para la modificación de uso del suelo del predio”.
Ese es el común denominador en todos los casos analizados por la Unidad Investigativa de Vanguardia, Anaya Martínez no recibía dinero por sus servicios, sino el pago se daba en especie, con una parte del predio del cual él mismo gestionaba el cambio del uso del suelo en la entidad ambiental que aún controlaba .
Cuatro meses después, Anaya Martínez le hipotecó el predio a Alonso Butrón, entonces curador II de Bucaramanga (mencionado en varios escándalos por supuesto ‘volteo de tierras’ y licencias de construcción presuntamente irregulares para favorecer a empresarios y políticos de la región).
Una investigación del portal Cuestión Pública reveló que el senador Jaime Durán Barrera tiene un lote de terreno en Girón, Santander, en copropiedad con Fredy Anaya, y además, que dentro de sus propiedades tuvo un apartamento en Bogotá comprado en 2012 al excurador. La compraventa se realizó un mes antes de que fuera reasignado en su cargo como Curador II de Bucaramanga.
A escasos días de la constitución de la hipoteca, el 28 de marzo del mismo año, Fredy Anaya vendió el 50 % del lote recibido en dación a Odeth Vera, por un valor de $600 millones. Amira Odeh Vera estuvo relacionada con Fredy Anaya en el escándalo del presunto ‘volteo de tierras’ del POT de Floridablanca.
A finales del 2012, Anaya le vendió a López Morales y Compañía, hoy Polo Construcciones (empresa de su propiedad), el otro 50 % del lote de Palmas de Mallorca, por valor de $450 millones, lo que le representó un rendimiento de 3.500 %. Solo unos días después se levantó la hipoteca a favor de Butrón.
El 31 de mayo del 2013, la Cdmb expidió el Acuerdo 1246 de 2013 y sacó del DRMI toda la finca Palma de Mallorca, de la cual Anaya sigue siendo el propietario de la mitad del lote, a través de su firma Polo Construcciones.
Caso Palmas de Mallorca
Siete meses después del cambio del uso del suelo de la finca Palmas de Mallorca, Sergio Torres Castiblanco cede una nueva dación de pago a favor de Fredy Anaya con otro lote de 151 metros cuadrados, el mismo metraje del anterior, pero por un valor de $ 70 millones, el doble del costo.
Con la escritura 5837, el Lote Uno, propiedad de Sergio Torres Castiblanco, pasó a manos de López Morales y Compañía, hoy Polo Construcciones.
En octubre del 2018, Polo Construcciones vendió el lote Uno de Palmas de Mallorca, por valor de $1.668 millones, al Grupo Districomer, 33,33 %; Fervar Ingenieros, 33,33 % y José Silva Gandur, 44,34 %. Lo que le representó a Anaya utilidades del 2.383 % frente al costo inicial.
Pero un año antes, en mayo del 2017, Jhony Castiblanco Mendoza le cedió un segundo lote a Polo Construcciones, avaluado en $50 millones. El 11 de octubre del 2018, el mismo día de la venta del lote Uno de Palmas de Mallorca, Polo construcciones lo vendió por $1.535 millones al Grupo Districomer, Fervar Ingenieros, y José Silva Gandur. Lo que significó ganancias por 3.071 % para Fredy Anaya.
Caso Calamar
El 16 de junio del 2015, la firma Petroco SA, representada legalmente por Raúl Ernesto Angarita, a través de la escritura 1037, hizo la división del Lote B de la Finca Calamar, ubicada en el sector de Río Frío, también en el Anillo Vial entre Floridablanca y Girón, con un área cercana a los 4.000 metros cuadrados.
Ese mismo día, Petroco lo entregó en dación de pago a favor de Fredy Anaya por concepto de “asesoría técnica y legal de extracción del distrito de manejo integrado, DMI”. Anaya lo vendió en octubre del 2017 en $808 millones.
De la misma forma, Petroco le entregó otra porción en dación de pago pero esta vez bajo la figura de “nuda”, es decir, Anaya sería el propietario pero Petroco mantenía el usufructo del predio, por valor de $30 millones.
Los predios de la Finca Calamar también habían sido excluidos en el Acuerdo 1246 del 31 de mayo de 2013 con Ludwin Arley Anaya como director de la Cdmb, para ese entonces ficha de Anaya Martínez, aunque luego terminaron alejados.
Caso La Esmeralda
Siguiendo el mismo modus operandi. El 6 de enero de 2012 los hermanos Pablo y Gilma Vesga entregaron en dación de pago un predio de 6.261 metros cuadrados perteneciente al predio La Esmeralda, ubicado en zona rural de Girón, cerca al Anillo Vial, a favor de Fredy Anaya, por valor de $30 millones, nuevamente con el argumento de sus servicios de asesoría, según la escritura 550.
El 13 de marzo del 2013, Anaya Martínez enajenó la mitad del lote que recibió en dación de pago a la firma Ingenieros Civiles Contratistas, por valor de $500 millones.
Posteriormente, en octubre del 2018, Fredy Anaya, esta vez con Polo Construcciones, vendió a Ingenieros Civiles Contratistas el otro 50 % del lote de la Esmeralda, por valor de $514 millones.
Caso La Floresta
En 2020, una investigación del exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra, puso al descubierto como en el entramado para el ‘volteo de tierras’ también intercedían socios de Anaya.
Parra denunció que en diciembre de 2010, la propietaria del predio ubicado entre el barrio Floresta y Jardines La Colina entregó en “Dación de pago” el 25% a Oscar Duque por $10 millones. “Un día después, el acuerdo 1194 modifica la zonificación de DRMI relacionada con el predio. A los tres años Anaya recibe el 15 % del predio en dación en pago, por un valor de $10 millones. Un mes después, Duque vende el 25 % del predio a Daniel Arenas y Petrolabin, empresa relacionada en escándalos de corrupción, por $40 millones”, denunció Parra.
También reveló que en junio de 2012 Anaya le vendió a Miller Castaño por $15 millones el 15 % del predio y que luego, en octubre 2012, Arenas le vendió el 12.5 % del predio que compró en $20 millones por $2 mil 800 millones a Campollo.
Sobre este punto, Anaya respondió en su momento que el DRMI solo se cambia por utilidad pública. “No es cierto que mandé a hacer esos cambios. Yo he demostrado que no tengo responsabilidad en el cambio de predios de zona protegida a zona de uso. No respondo por lo que terceros hagan”, respondió a la denuncia.
En el 2010 la directora de la Cdmb era Elvia Hercilia Páez, quien reemplazó a Anaya. Entre enero de 2010 y enero de 2011, Páez adjudicó dos licencias ambientales a la firma Entorno Verde, en 2012 un excolumnista de Vanguardia, denunció que a través de Tatiana Villarreal, Fredy Anaya, quien fue el antecesor de Elvia Páez en la Cdmb, tenía participación en la firma.
Presión, amenazas y poder
En agosto de este año se conoció en el Congreso de la República una proposición para citar a debate de control político a a la contralora departamental de Santander, Blanca Luz Clavijo (amiga y socia del excontralor Fredy Anaya), por las presuntas irregularidades que se estarían llevando a cabo desde la entidad de control fiscal para tratar de incidir en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre en el departamento.
La iniciativa busca esclarecer las denuncias que se han recibido en el departamento, según las cuales exfuncionarios de la Contraloría, al parecer, con la venia de la Contralora, se estarían reuniendo con los alcaldes de municipios en los que el ente de control tiene incidencia para presuntamente constreñir su respaldo político a favor de un candidato a la gobernación so pena de una investigación fiscal.
“Sírvase informar si es cierto que presuntamente hay terceros hablando en nombre suyo visitando a los alcaldes municipales en el departamento para presionarlos con investigaciones fiscales si no acceden a pretensiones con fines electorales”, es uno de los principales interrogantes que tiene que resolver ante el Congreso la contralora.
La Unidad Investigativa de Vanguardia pudo conocer que el llamado a la actual jefe del ente de control por parte de la Cámara está relacionado con las denuncias de algunos mandatarios locales que han advertido haber sido abordados por el excontralor departamental, Fredy Anaya, para que respalden la candidatura de Héctor Mantilla a la Gobernación o de lo contrario se exponen a investigaciones fiscales.
“Las reuniones han sido en las provincias, Fredy nos manda a llamar para hablar amistosamente pero en medio de la conversación cambia de tono y nos pide que apoyemos a Héctor Mantilla a la gobernación y así no nos mueven en la Contraloría algunos procesos fiscales que supuestamente están pendientes. Uno se alcanza a asustar porque se sabe que Fredy es el que manda allá, la contralora hace es lo que él diga”, contó a Vanguardia un alcalde de la provincia de García Rovira que pidió no revelar su identidad.
Como esta serían por lo menos cuatro las denuncias por parte de otros mandatarios locales. Incluso, algunos alcaldes han señalado que también son presionados con amenazas de investigaciones disciplinarias.
“El señor Anaya pide el respaldo para Mantilla, amenaza con la Contraloría y la Procuraduría ya que dice que la Procuraduría es manejada por su socio el senador Jaime Durán, que también está apoyando a Mantilla”, dijo bajo reserva de su identidad otro mandatario.
El pasado 11 de agosto, la contralora (E), Blanca Luz Clavijo, emitió una circular informando que ningún funcionario ni persona natural está autorizado para ejercer constreñimiento electoral en nombre del ente de control fiscal departamental.
“Teniendo en cuenta que en la actualidad se adelanta el proceso electoral para elegir gobernadores, alcaldes municipales, diputados, concejales municipales y miembros de juntas administradoras locales, periodo 2024 – 2027, me permito comunicarles que ningún funcionario de la Contraloría General de Santander esta autorizado para solicitar dádivas, acosar, presionar o determinar en cualquier forma a los sujetos de control a respaldar alguna causa, campaña, controversia política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. Así mismo, tampoco la suscrita Contralora ha autorizado a que particulares en mi nombre o de la entidad soliciten dádivas o apoyo a alguna campaña política”, señala el mensaje oficial.
Una conducta repetitiva
A pesar del comunicado de la Contralora departamental, las denuncias de presiones indebidas a alcaldes a nombre del ente de control fiscal por parte de Fredy Anaya no son nuevas.
Así quedó en evidencia el pasado mes de febrero, a pocas horas antes de llevarse a cabo la Asamblea Corporativa para la elección de los cuatro alcaldes que integrarán el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb.
La pelea de grupos políticos por el control de la entidad ambiental se ha convertido en un entramado de denuncias de presiones indebidas, persecución judicial y hasta presuntas amenazas por parte del gobernador Mauricio Aguilar y del excontralor Fredy Anaya, según alcaldes que participan en el proceso.
Vanguardia tuvo acceso a una declaración juramentada del alcalde de Vetas, Hernán Bautista, ante la Notaría Primera de Bucaramanga en la que denuncia haber sido víctima de presiones y amenazas por parte del excontralor Anaya para que le ayudara con su voto en la asamblea corporativa de la Cdmb.
En la continuación de la denuncia notariada, el alcalde de Vetas asegura que ante sus constantes evasivas a la alianza propuesta por Anaya, el excontralor pasó de la concertación a las presiones, con amenazas de investigaciones.
En este mismo caso, Ana Coronado, alcaldesa de Suratá, denunció que la suspensión en su contra estuvo directamente relacionada con la elección de los alcaldes del Consejo Directivo de la Cdmb. Según la alcaldesa, el gobernador Aguilar la estuvo buscando insistentemente para que se reunieran en su despacho, pero como no accedió al encuentro, inmediatamente fue suspendida.
Unas semanas después, la Contraloría General de la República ejerció el control funcional sobre el caso de la alcaldesa de Suratá y levantó la medida provisional de suspensión de la mandataria local al considerar que no existían razones de relevancia que llevaran a tomar la medida. Ambos procesos ya están denunciados penalmente.
Según pudo constatar esta redacción, desde la semana pasada la Fiscalía comenzó a llamar a todos los implicados en este caso a que rindan indagatoria.
Alianza por la Cdmb
Fuentes cercanas a Anaya confirmaron a Vanguardia que el compromiso entre Fredy Anaya y Héctor Mantilla tiene como objetivo dos puntos: la Contraloría Departamental y la dirección de la Cdmb.
Los fallos judiciales que tumbaron el nombramiento de los cuatro alcaldes como miembros del Consejo Directivo de la Cdmb, que le garatizaban una ventaja en la elección del próximo director de la Corporación, así como la sentencia que tumbó el proceso con el cual se hizo elegir como Contralor de Santander habrían acelerado la alianza política.
“Mientras se resuelven las recusaciones Anaya mantiene el poder con la contralora encargada y con ella puede incidir en los alcaldes para que respalden a Mantilla. Si este último es elegido gobernador, el compromiso es que lo apoye para volver a ser contralor hasta 2025 y además lo ayude a colocar al próximo director de la Cdmb que se le enredó por los fallos del Tribunal”, explicó una fuente dentro del proceso.
El ambiente en la Gobernación de Santander se ha tornado tenso. Se dice que de ser elegido Mantilla, el próximo director de la Cdmb sería puesto por Aguilar, entre Aida Hernández, secretaria privada del Gobernador, o Jhon Ruiz, secretario del Interior. Entre tanto, ya se escuchan las primeras denuncias en voz baja de presiones a contratistas para conseguir votos.
¿Qué responde Fredy Anaya?
Consultado por Vanguardia, el político, empresario y excontralor de Santander, Fredy Anaya, negó haber usado sus influencias en la Cdmb para cambiar el uso de suelos para que posteriormente él, sus empresas o socios terminaran con daciones de pago en especie. Según Anaya todo se debe a contratos legales por asesorías.
Así mismo, negó que esté presionando a alcaldes en nombre de la Contraloría Departamental para que respalden la candidatura de Héctor Mantilla como lo han denunciado algunos mandatarios y por lo que están pidiendo explicaciones en el Congreso de la República.
Sin embargo, advirtió que al no tener credencial de funcionario público puede participar abierta y activamente en política en la actual contienda electoral, si así lo desea.
“Soy desempleado si no lo sabia, puedo participar en política cuando quiera, a no ser que exista una norma que me lo prohiba. Si conoce alguna norma que esté violando por favor me cuenta”, señaló Anaya Martínez a la Unidad Investigativa.
De la misma manera el empresario y político negó tener una alianza con el gobernador Mauricio Aguilar para recuperar el control de la Cdmb.
