Hijos y esposas de los que integran el gabinete del presidente Gustavo Petro, están trabajando para el Gobierno. Estos son los cargos que ocupan y las polémicas que han suscitado sus contrataciones.
El millonario contrato que le entregaron al holandés Sjoerd Van Grootheest, esposo de la ministra de minas y energía, Irene Vélez, es solo uno de los tantos casos de familiares que se han quedado con importantes puestos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Y es que el escándalo que se desató luego de que a Grootheest le dieran un puesto en el Fondo Colombia en Paz para que trabaje en un tema relacionado con cultivos ilícitos por 128 millones de pesos, hace darle una mirada a los otros cargos ocupados por esposas e hijos de ministros y ministras del actual mandatario de izquierda.
Para la muestra está el caso de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien tiene a sus dos hijos en cargos importantes del Gobierno. Así lo denunció el pasado 29 de mayo el representante a la Cámara Andrés Forero que a través de su cuenta de Twitter expuso los contratos señalando que “con esa afortunada situación familiar se entiende que a la ministra no le preocupe que su reforma laboral no genere empleo”, criticó el congresista de oposición.
Resulta que, según los documentos oficiales consultados por El Colombiano, Diego Alejandro Ramírez, hijo de la ministra, trabaja en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Su contrato certificado desde el pasado 11 de abril del año en curso, indica que es el jefe de la Oficina Asesora Jurídica con grado 11 de la planta de esa entidad y que su salario es cercano a los 8 millones de pesos mensuales, $7.775.515 para ser más exactos.
Precisamente, las redes sociales de la Uspec le dieron la bienvenida al hijo de la ministra el pasado 12 de abril por medio de una publicación en Twitter y resaltan su experiencia de más de 10 años en el sector público.
El otro hijo de la ministra Ramirez es Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez quien fue contratado por el Ministerio de Cultura por un valor de 76 millones de pesos. Según el contrato que reposa en las bases de datos de la plataforma Secop II, la contratación se hizo de manera directa para que cumpliera con las funciones de “apoyar la gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos, del ministerio de Cultura, así como el manejo de agenda y proyectos de la ministra de Cultura”.
Ese documento, que tiene vigencia hasta el próximo 31 de agosto, fue firmado el 18 de enero de este mismo año y detalla que los pagos se le realizarían de manera mensual en cantidades de 9.500.000 pesos durante los ocho meses de labor en esa cartera. Dentro de sus labores está brindar apoyo técnico, acompañar para la implementación de políticas públicas, relacionamiento interinstitucional, asistir a reuniones, hacer informes, viajar según los requerimientos y demás ocupaciones.
Esposas de los ministros con cargos en el Estado
A mediados de mayo, tras la salida de la ministra Carolina Corcho del Gobierno, a la cartera de Salud llegó Guillermo Jaramillo y se vio envuelto en un posible conflicto de intereses porque su pareja actual es nada más y nada menos que la superintendente delegada para prestadores de servicios de Salud, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra. El pasado 23 de abril, Gómez fue nombrada en ese puesto.
Precisamente, fue el mismo ministro Jaramillo quien en su declaración de bienes y renta reportó en la casilla de “conflicto de interés” los datos de su compañera sentimental. Lo cierto es que la doctora Gómez ha trabajado en EPS, con clínicas y otros hospitales. Incluso, hace unos años demandó al Distrito de Bogotá por retirarla del cargo de gerente del Hospital de Usme. Ese recurso todavía no tiene decisión. El contrato más reciente de Gómez registrado en el Secop fue firmado el pasado 19 de abril y también estaba relacionado con el área de la salud.
Otro de los recientes ministros que llegaron al Gobierno Petro fue Ricardo Bonilla, jefe de la cartera de Hacienda. Su esposa, Claudia Liliana Cortés López, es administradora de empresas de la Universidad Nacional y tiene una maestría en ciencias económicas, también de la Unal. Actualmente, Cortés es la directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.
Su nombramiento se dio el pasado 13 de junio tras la salida de Felipe Fonseca Pino, quien estuvo al mando de la entidad desde el 2012. Cortés ha trabajado en otros momentos con la Upra en diferentes proyectos en Antioquia, Cesar y Nariño. Además, ha participado en temáticas relacionadas con la distribución de tierras rurales en Colombia.
En todo caso, con este tipo de contrataciones dentro del Gobierno Petro, queda un sabor de nepotismo que difícilmente se puede ignorar. Incluso si se atiende a la Constitución, que dice que “los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.
