Por revelar información personal sobre la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo (aborto) de la actriz y cantante Carolina Sabino, los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejaron en firme millonaria condena contra la Fiscalía.
Debido a los daños morales causados por divulgar la información personal, el ente investigador tendrá que pagar un saldo millonario a la actriz y todo su entorno familiar y realizar un acto público para pedirle perdón.
Este caso empezó cuando la Fiscalía interceptó unas conversaciones entre la actriz y su hermana. Tras esto, en 2015 anunció a los medios de comunicación que se iba a llevar a cabo un proceso de imputación por el delito de aborto.
Desde ese entonces, se reveló información confidencial de su vida privada durante el proceso penal.
Dicha filtración ilegal a los medios de comunicación le afectaron emocionalmente su vida y la de su familia e incluso, perdió la oportunidad de participar en proyectos de televisión y de campañas publicitarias.
Después de librar la batalla judicial por el delito del aborto, Sabino emprendió una acción de reparación contra la Fiscalía y en primera instancia ganó el caso. Aunque el juez le dio la razón parcialmente, expresando que “la investigación por el delito de aborto no era un asunto de interés público y por tratarse de información sensible sobre una decisión que le afectaba solamente a ella”, también explicó no darle la indemnización completa al no probar que se afectó su parte laboral y perder los proyectos.
La Fiscalía alegó la decisión, explicando que la filtración de la información pudo darse por otros medios porque la fundación que conoció el aborto de la actriz le remitió la copia de la historia clínica al juzgado 13 Penal de Control de Garantías.
Asimismo, aseguró que, aunque la información de la investigación era de aspectos de su vida personal, también se refería a la presunta comisión de un delito.
Los argumentos de las partes llegaron al Tribunal de Cundinamarca, que además de darle la razón a la actriz con la indemnización completa, le recrimina al ente investigador al asegurar que “si en la etapa de indagación hay restricción para el acceso del propio indagado a la información por motivos de reserva, aún más para terceros”.
Igualmente, reiteró los daños causados a la actriz debido a que “además de soportar el reproche penal, también tuvo que afrontar los hechos que rodearon la decisión sobre su vida sexual y reproductiva”.
Finalmente, ordenó a la entidad para que en un plazo de 60 días realice capacitaciones frente al respeto de los derechos sexuales reproductivos en los casos donde se traten sobre la posible comisión del delito de aborto.
